20 de febrero de 2018
Escrito por Hugo Maul R.
Mientras más tiempo pasa, más poder explicativo parece tener esta expresión mexicana sesentera. Originalmente, utilizada para denunciar los abusos cometidos por funcionarios y políticos que, aprovechándose de la discrecionalidad que la ley les otorgaba, se recetaban a sí mismos estratosféricos salarios y substanciosos beneficios de otra índole, además de incurrir en masivas contrataciones de servidores públicos con puros intereses políticos. Con el paso del tiempo, ha venido a denotar el gradual cambio de mentalidad dentro de ciertos segmentos de la sociedad que ven en el presupuesto público una forma rápida de obtener fama y fortuna: el abuso del presupuesto público como herramienta para evitar todos los sacrificios que conlleva el trabajo duro y honesto. En la medida que esta forma de ver el mundo sea la regla dentro de importantes grupos dentro de la sociedad, la persecución legal cumple una función insustituible en la lucha contra la corrupción.
Paradójicamente, no basta con endurecer las penas y las sanciones, así como incrementar la persecución legal contra la corrupción. En el extremo, tal tipo de aproximación podría terminar en una variante de lo que en economía se conoce como “selección adversa”: un proceso en donde las “malas manzanas” terminan por sacar a las buenas del mercado. Con el agravante que cualquier “buena manzana” que incursione en el ámbito político o de la función pública, tendría todos los incentivos para tomar la menor cantidad de decisiones críticas posibles, evitando así meterse en potenciales problemas e incurrir en los costos que dicta el endurecido marco jurídico resultante. En la medida que aumenten los costos esperados del ejercicio de la función pública y de la política, no sería raro que cada vez menos personas honestas y bien intencionadas estén interesadas en este tipo de actividades. Faltante que sería suplido, lamentablemente, por personas con tal nivel de voracidad que, a pesar de mayores castigos y mayores niveles de persecución legal, están dispuestos a hacer lo que sea con tal de salir electos u obtener un cargo público.
No basta con introducir medidas que incrementen la probabilidad de terminar en la cárcel, perder las riquezas mal habidas, dañar irreparablemente la reputación o causar profundos dolores a la familia a quienes abusen del poder público. Hace falta también modificar el marco jurídico que rige la función pública y la política para facilitar el uso efectivo, eficiente, oportuno y honesto de los fondos públicos; mejorar las capacidades de planificación del gasto público; acercar la labor del gobierno a los ciudadanos; mejorar los sistemas de rendición de cuentas; volver a tener confianza en los ciudadanos; desregular y desburocratizar a lo largo y ancho del sector público; mejorar los sistemas de compras y adquisiciones del Estado; modificar el concepto de “cuentadancia” dentro de la función pública, etcétera.
