Escrito por: Hugo Maúl Rivas
Guatemala, 23 de marzo del 2021
Aunque por de pronto no pase de ser una reflexión meramente teórica, dado que el proceso de vacunación recién empieza y parece tomará bastante tiempo más, es importante que el proceso de vacunación no se vea salpicado por escándalos como el de la “vacunación anticipada”, nombre que se dio en Peru al escándalo que involucró a varios ministros y un expresidente que se aprovecharon de su puesto para recibir la vacuna contra la Covid-19 de forma anticipadas. Si en esto vale aquello de que “el capitán es el último en abandonar el barco”, los funcionarios públicos y líderes políticos responsables del plan de vacunación contra la Covid-19 deberían estar entre los últimos grupos en recibir la dosis. En realidad, al igual que sucede con la supuesta obligación de los capitanes de barco, no existe regulación alguna que obligue a los alcaldes, concejales, diputados, magistrados, ministros y demás altas autoridades del Ejecutivo a ser los últimos en ser vacunados, salvo la firmeza de sus convicciones en cuanto a poner el interés colectivo por delante del individual y, de alguna forma, de demostrar con hechos lo que muchos de ellos seguramente prometieron en campaña. Argumentos como los que se esgrimieran la semana pasada para justificar que un alcalde recibiera la vacuna cuando no le correspondía, constituyen extremos que solo Dios y los vecinos que utilizan las clínicas municipales pueden corroborar. Ser responsables de las clínicas municipales no hace de los alcaldes, de manera automático, funcionarios de primera línea de atención médica.
No obstante, cierta razón tienen los alcaldes cuando argumentan que en las municipalidades recae gran parte de la responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias para evitar aglomeraciones y asegurar la observancia de las medidas de bio-seguridad. Situación que justificaría plenamente que se les incluyera dentro de los primeros grupos en ser vacunados. En todo caso, si puede demostrarse fehacientemente que los alcaldes, y otro tipo de funcionarios, constituyen un grupo poblacional en riesgo, habría que modificar la normativa vigente para incluirlos en las primeras fases vacunación. Como mínimo, se esperaría que cada uno de ellos respete el turno que les corresponde actualmente, no que utilicen su poder, influencias o subterfugios legales para “colarse” en la fila.E n realidad, la molestia no es tanto en relación a la legitimidad de las razones invocadas para “colarse” en la fila, sino con el hecho, real o aparente, que se “salten las trancas” mientras el resto de la población espera estoicamente su turno. Suficiente se tiene ya con la corrupción existente, como para añadir otro elemento más en donde los puestos públicos se utilizan para obtener beneficios indebidos.
