Escrito por: María del Carmen Aceña
Guatemala, 23 de mayo del 2021
Posiblemente uno de los desafíos más grandes que tiene el país es lograr que el sistema penitenciario cumpla su misión de resguardar y rehabilitar a los privados de libertad. El motín que se dio la semana pasada en la Granja Modelo de Rehabilitación de Cantel, donde siete reos fueron cruelmente asesinados, muestra la urgencia de trabajar en el sistema.
A abril de este año la población privada de libertad era de 25,151, con una tasa de ocupación del 372%, lo que significa que cada espacio prácticamente está siendo utilizado por cuatro personas. Es importante resaltar que desde el año 2008 la población se ha triplicado; sin embargo, los espacios siguen siendo casi los mismos, no superando los siete mil, lo que provoca deficientes servicios que derivan en malas condiciones de vida y poco control de parte de las autoridades. La Granja Modelo de Rehabilitación de Cantel tiene mayor tasa de hacinamiento de entre los 21 centros penitenciaros. El año pasado era de 382%.
Este sangriento incidente pone de nuevo a la luz pública el reto que tenemos los guatemaltecos de modernizar el sistema penitenciario en el país. A pesar de que hace varios años se hizo una ley bastante innovadora, la misma no se ha implementado, principalmente por falta de voluntad política y recursos.
La pandemia de Covid-19 empeoró el control interno, ya que se tuvieron que suspender las requisas y revisiones por varios meses. Las precarias condiciones de encarcelamiento, como la sobrepoblación, mala ventilación, escasez de agua, falta de insumos de higiene, dependencia de los familiares para recibir insumos personales incluyendo medicamentos, mala alimentación y poca o casi nula atención médica han complicado más aún su manejo. Esto, a su vez, ha permitido mayor discrecionalidad de los grupos que dominan las cárceles.
Bastantes centros se han convertido en lugares de aprendizaje del crimen para varios privados de libertad. Por ejemplo, un estudio de CIEN respecto a las extorsiones señala que este delito en su mayoría es cometido desde las cárceles. Según la información proporcionada por fiscales e investigadores policiales, en 2020 el 90% de las extorsiones que se realizaron en el país salieron de un centro carcelario y el 80% eran cometidas por imitadores. Muchos de los centros penitenciarios son orientados por criminales y en este ambiente una persona lejos de rehabilitarse aprende más sobre delincuencia, manejo de armas, uso y tráfico de drogas y otros.
La falta de infraestructura y personal de carrera y la ausencia de controles son determinantes para un funcionamiento adecuado del sistema. Adicionalmente, en los últimos años, se ha dado un abuso de la prisión preventiva y los juicios son muy largos, por lo que aproximadamente la mitad de los reclusos se encuentran sin condena (47%). Al tener pocos espacios y muchos privados de libertad, es obvio que se dará corrupción interna. Se cobra por una cama, guardar la integridad física de la persona, adquirir bienes y servicios, ingresar sustancias y objetos ilícitos y otros.
Respecto a la infraestructura, en abril de 2020, el Congreso de la República aprobó el préstamo para el Fortalecimiento del Sector de Justicia del BCIE, parte del cual es destinado para la construcción de prisiones. El Ministerio de Gobernación creó la unidad ejecutora para el préstamo, la cual inició sus funciones a principios del presente año, con lo cual se encamina a la creación de nuevos espacios físicos. Esta nueva infraestructura debe de acompañarse con un nuevo modelo de gestión, el cual permita espacios adecuados para los privados de libertad, mayores controles, política de cero ocio y además la rehabilitación del reo. El contar con al menos una cárcel de máxima seguridad es crucial para que los reclusos más peligrosos estén totalmente aislados.
En relación con el personal, es de señalar que los agentes del sistema no cuentan con una carrera penitenciaria, lo que genera inestabilidad en el personal operativo, ya que el mismo puede ser asignado en cualquier puesto y ser rotado en algún momento de manera discrecional, lo cual no permite una especialización en los distintos cargos. Es importante tomar en cuenta las distintas iniciativas de carrera que se han propuesto y escoger la más adecuada para su aplicación. Esto requerirá una planificación financiera y administrativa para la implementación en forma paulatina y lograr depurar y clasificar a todo el personal penitenciario.
Para lograr un mejor control carcelario, es necesario fortalecer las unidades de control interno, como la Inspectoría para la supervisión del personal y la Unidad de análisis para el monitoreo de la población privada de libertad y la anticipación de hechos ilícitos. Se requieren equipos de agentes expertos y debidamente capacitados en estos temas. Además, para deshacinar, deben aplicarse medidas adicionales como el control telemático, planes de liberación de reclusos y agilización de procesos penales, como la aplicación del régimen progresivo para rehabilitar a los privados de libertad.
Debemos actuar pronto, de lo contrario constantemente tendremos estas crisis en el sistema penitenciario, donde en la mayoría de los centros prevalece la ley del más fuerte y el dominio del crimen, y no la ley y el orden. ¿Cómo recuperar el control en los centros penitenciarios? ¿Qué hacer con los reos más peligrosos? ¿Está de acuerdo en destinar recursos financieros del gobierno para ir cambiando el sistema?
