Escrito por: Verónica Spross
Guatemala, 11 de agosto del 2022
La mejora en la calidad del gasto público es una prioridad para nuestro país. Los fondos provenientes de la recaudación fiscal deben tener el mejor uso posible, eso es moralmente ético, ya que fueron generados por las personas y empresas que producen y generan valor para la sociedad. Es dinero que alguien dejó de aprovechar, sea para inversión o sea para consumo, y que dejó de ser destinado a las prioridades productivas o de bienestar de la familia.
El pago de los impuestos muchas veces no resulta fácil. Todos los empresarios, sean del nivel que sean, tienen que trabajar duro para lograr obtener ganancias o utilidades. Generalmente éstas se logran si se sirve bien a los clientes o consumidores. En el mercado competitivo una empresa no siempre alcanza sus objetivos ni obtiene ganancias. Remunerar a los distintos factores de producción no le resulta fácil, así como tampoco pagar los impuestos. El cumplimiento de los compromisos fiscales implica un sacrificio.
¿Hacia dónde debemos dirigir los recursos del presupuesto del Gobierno? En primer lugar al fortalecimiento de la seguridad y al sistema de justicia. En segundo lugar, es importante priorizar la inversión en infraestructura vial y la que facilita el comercio. Y, luego está el financiamiento de los servicios para fortalecer el capital humano, es decir la atención en salud para los más vulnerables y la educación, incluyendo la atención a la primera infancia para prevenir la desnutrición crónica. Ello no significa que corresponda al Gobierno prestar los servicios necesariamente. La oferta de los servicios debería ser abierta, a cargo de entidades especializadas de manera descentralizada.
Al analizar la calidad de gasto, se encuentra una baja calidad en diversos rubros, en parte es de reconocer que hay una inercia presupuestaria que resulta difícil de cambiar. Ello implica que no podemos cada año decidir hacia dónde deben dirigirse los fondos que provienen de los impuestos recaudados. Por otra parte, hay gastos como los subsidios que no contribuyen al crecimiento económico ni al desarrollo social con visión de largo plazo. Solamente son paliativos de tipo populista que a veces se implementan para quedar bien con grupos específicos, pero el problema es que tienen un costo que puede resultar muy alto. Y, tarde o temprano deben pagarse de alguna fuente. Un bajo porcentaje del presupuesto nacional se dedica a la inversión y un porcentaje alto va para salarios. De allí que debamos revisar y reconsiderar a qué le queremos apostar. Por ejemplo, sería preferible destinar recursos a la dotación de computadoras y tablets para los estudiantes y maestros, que para subsidios al combustible, que se diluyen en un dos por tres.
Para mejorar la calidad del gasto es clave que se realicen licitaciones abiertas, transparentes y competitivas para la asignación de obras tanto a nivel nacional como local, así como las compras y contrataciones de servicios. Recordemos que buena parte del presupuesto se ejecuta por parte de las municipalidades. La participación de la Contraloría General de Cuentas es un factor que debería ser un garante de la transparencia y buen manejo de los fondos públicos. No solamente debe poner atención en las cantidades que se gastan, obviando el cómo se realizan los procesos de contrataciones, sino verificar también la calidad del gasto y dictaminar sobre los procesos seguidos.
