7 de febrero de 2018
Escrito por Verónica Spross de Rivera
Al igual que en otros países de América Latina en las últimas dos décadas Guatemala ha tenido avances en cobertura educativa. Ahora la mayoría de los niños se inscriben en la primaria. Aún hay déficit en la preprimaria, ya que solamente la mitad de los niños asisten al preescolar. En el nivel medio hay grandes desafíos de cobertura, hay 800 mil jóvenes fuera de la escuela. Un problema importante es el fracaso escolar, integrado por el abandono escolar y la repitencia, que todavía son elevados tanto en la primaria como en la secundaria. Y, sobre todo, afligen los limitados avances en aprendizaje, como señalan los resultados de pruebas nacionales: Sólo uno de cada tres estudiantes tiene el nivel esperado en lectura y uno de cada diez logra un buen resultado en matemática.
El debate sobre la situación y futuro del sistema educativo se aceleró esta semana debido a la manifestación realizada por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, STEG, con la demanda de que se firme el pacto colectivo, incluyendo aumento salarial del 5% cada año a partir de 2018 por 3 años, un bono anual a fin de año por 2,500 quetzales para todos los docentes, y 500 quetzales más a los maestros que cuenten con título universitario, egresados del programa de profesionalización docente, PADEP/D.
Al realizar el análisis se identifica que actualmente no hay recursos para incremento salarial, pues debido a no se aprobó el presupuesto 2018, sino que se mantiene vigente el de 2017 el monto destinado al Ministerio de Educación no contempla aumento a los salarios. Por otra parte, debe contemplarse que conforme a la Ley de Alimentación Escolar, aprobada por el Congreso, se ha incrementado significativamente el monto por estudiante en el rubro de alimentación escolar, lo que deriva en un incremento presupuestario de 500 millones de quetzales adicionales.
Realizando una estimación se considera el costo estimado de cumplir con la solicitud realizada estaría entre los 800 a los 1,000 millones de quetzales en 2018. Según la Ley del Presupuesto en el artículo 27, sería ilegal aprobar el Pacto Colectivo sin identificar la fuente de los recursos que se asignarían para cubrir los compromisos que deriven del mismo. Los expertos en temas presupuestarios también han señalado que no se pueden asumir compromisos financieros por más de un año, que es el plazo cubierto por el Presupuesto anual de Ingresos y egresos del Estado. Unicamente queda legalizado una erogación incluida en el presupuesto plasmado en la correspondiente ley que el Organo Legislativo aprueba anualmente.
Como ha sucedido anteriormente, en caso de aprobarse el Pacto colectivo como fue planteado, puede ponerse en riesgo el financiamiento de los programas vinculados a la calidad educativa como el acompañamiento escolar, entrega de libros de texto y tecnología para los centros educativos, así como también el remozamiento de la infraestructura escolar, entre otros.
La reflexión en torno al tema nos lleva a la conclusión de que la firma de un nuevo pacto colectivo debe hacerse solamente después de una acuciosa revisión del impacto financiero que generará y verificando si puede financiarse. Además, es importante que las políticas de aumentos salariales se vinculen a las mejoras en la calidad de la educación. Es necesario introducir mecanismos de evaluación de desempeño e indicadores que permita vincular los aumentos salariales a los resultados de eficiencia de las escuelas y aprendizaje de los estudiantes. No podemos avalar pactos del pasado, es momento de dar el paso al siglo veintiuno cambiando los incentivos en el sistema educativo e incorporando la meritocracia.
