TARIFA SOCIAL: ahora o nunca – CIEN – Centro de Investigaciones Económicas Nacionales
01/12/2015

TARIFA SOCIAL: ahora o nunca

Nació como una medida populista y terminará como todas ellas: sin haber alcanzado sus objetivos plenamente; habiendo provocando grandes costos sociales y económicos, y; amenazando gravemente la sanidad financiera del Estado. Más allá de posturas ideológicas a favor o en contra de los subsidios, para nadie es un secreto que cuando estos son generalizados y de carácter permanente suelen ser financieramente insostenibles y económicamente ineficientes a largo plazo. Este es el triste legado que ha dejado hasta el día de hoy, casi 15 años después de su creación, la Tarifa Social para el Suministro de Energía Eléctrica. Una situación, a todas luces, insostenible para el INDE e injusta con la población. Insostenible, ya que se sabía que, tarde o temprano, el INDE sería incapaz de atender los compromisos financieros derivados de un subsidio permanente a un amplio y creciente grupo de la población. Injusta, ya que el subsidio abarca a cientos de miles de hogares que no son pobres y que podrían pagar el costo real de la energía eléctrica que consumen. Cuestiones que se sabían bien cuando se aprobó el Decreto 96-2000 y se estableció un umbral máximo de consumo mensual de 300Kwh para ser beneficiario de la Tarifa Social, lo cual implicaba subsidiar a más del 90% de todos los usuarios de la tarifa eléctrica regulada.

Esta creación original del FRG ha sido mantenida sin mayores cambios por todos los gobiernos
sucesivos, a excepción del gobierno de Berger, que inició un desfase de la Tarifa Social que fue
revertida por el gobierno de la UNE. Cada uno de estos gobiernos ha preferido hacerse de la vista
gorda en lugar de buscar mecanismos para transparentar, racionalizar y focalizar el subsidio; todos
ellos apostando a trasladar el problema a la siguiente administración. Situación que finalmente
obligó a la actual junta directiva a aprobar una reestructuración de la Tarifa Social para focalizar el
subsidio en los hogares en pobreza, reduciendo el subsidio de forma gradual a cerca de 400 mil
usuarios que tienen ingresos suficientes para pagar la tarifa plena. Una medida que representa al
INDE un ahorro anual de Q200 millones, un monto que no soluciona el problema de fondo pero que
le brinda cierto margen de manejo a la institución.

De no reestructurarse esta tarifa de forma inmediata, como ha sugerido el presidente Maldonado,
estaría condenando al INDE a la quiebra financiera. Una situación extrema que a nadie beneficiaría,
salvo a aquellos grupos interesados en adquirir activos del Estado a precios por debajo de su valor
real de mercado. El largo plazo, por más incómodo que parezca y por más lejano que se viera hace
15 años, es ahora toda una realidad: el INDE no puede seguir cargando con toda la factura de la
Tarifa Social. Salvo que el actual gobierno tenga algún interés oculto en promover la quiebra del
INDE, está claro que el presidente Maldonado no puede seguir apostando por soluciones de corto
plazo como todos sus antecesores. En sus manos está el futuro de esta institución.

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