Escrito por: Hugo Maul Rivas
Guatemala, 14 de julio del 2020
Más de 50 mil empleos formales se han destruido en lo que va del año. Problema por partida doble: primero, en función del pasado, el empleo que se ha perdido en cuatro meses representa, en promedio, dos años de afiliación de nuevos cotizantes al IGSS; segundo, de cara a las secuelas de la crisis actual, se necesitarán mucho más de dos años en recuperar los empleos perdidos. De no hacerse nada para evitar esta destrucción de empleo formal, la crisis dejará a la economía en una posición aún más precaria que la que tenía en materia de generación de empleo. Hoy parece muy difícil que puedan recuperarse la totalidad de plazas de trabajo destruidas en negocios que dependen de un alto tráfico peatonal o de la reunión de grandes grupos de clientes en lugares relativamente reducidos; lo mismo sucede con los puestos de trabajo que se están perdiendo a causa de los menores niveles de consumo por parte de los hogares. Por más que un importante número de empresas hayan seguido operando durante la pandemia, la realidad es que la mayoría de ellas producen y venden menos ahora que hace seis meses; dentro de este grupo, muchas de ellas se han visto obligadas a ofrecer ofertas o bajar sus precios con tal de seguir vendiendo; otras más, ante las dificultades de transporte existente, horarios de operación recortados y adopción de medidas que garanticen condiciones higiénicas para sus clientes y colaboradores, no logran alcanzar los niveles de productividad que antes tenían.
Pretender mantener los niveles de empleo bajo estas circunstancias es poco menos que imposible; lo mismo que pretender que el gobierno se eche encima la carga de mantener financieramente a estas empresas por largos períodos de tiempo. Además que tampoco existe garantía alguna que reabriendo la economía en su totalidad, sin restricción sanitaria alguna, se puedan recuperar los empleos perdidos. Para colmo de males, existiendo oportunidades mutuamente beneficiosas para empleadores y empleados, la regulación laboral impide el trabajo por tiempo parcial, salvo que se paguen la totalidad de horas de cada jornada, aunque éstas no se trabajen; formalmente, tampoco se pueden reducir los salarios y prestaciones laborales con tal de preservar puestos de trabajo en los sectores más golpeados; lo mismo sucede con la posibilidad de ajustar los niveles de remuneración y forma de pago en función de la productividad perdida. Podrá no ser políticamente correcto, pero en situaciones como esta es cuando más necesario se hace flexibilizar las regulaciones laborales para facilitar la recuperación económica y la preservación del empleo. En caso contrario, no debería sorprender a nadie que se sigan perdiendo empleos formales y que la situación de cientos de miles de personas se agudice todavía más.
