01/03/2016

SAT y Pacto Fiscal

Mientras se determinan “si son peras o son manzanas” y se ponen de acuerdo en la Mesa de Reestructuración de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la hoja de ruta a seguir y las reformas legales necesarias para reformar la institución, es importante que inicie un proceso de cambios en la misma dentro de los márgenes legales existentes. Antes de ponerse a inventar el agua azucarada, bastaría con hacer un inventario de las docenas de recomendaciones que se han hecho a lo largo de los años para mejorar el funcionamiento de la SAT para descubrir múltiples rutas de acción que podrían dar resultados en el corto plazo.

A manera de ejemplo, sin que el mismo pretenda ser exhaustivo y ser la única fuente de referencia, el Pacto Fiscal, hace dieciséis años atrás, contemplaba ya siete áreas inmediatas de mejora dentro de la SAT que quedaron resumidas en siete principios y siete compromisos que deberían haberse cumplido para el año 2001. Los principios en cuestión eran los siguientes: 1) velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias y simplificar los procedimientos administrativos para alcanzar este objetivo; 2) mejorar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias; 3) propiciar un sistema de administración tributaria justa y no arbitraria; 4)promover la confianza de los contribuyentes en la administración tributaria, aplicando los procedimientos de cobro sobre la base de la buena fe; 5) persecución y combate coordinado del incumplimiento tributario, en el ámbito interno evitando y sancionando el comportamiento indebido de sus funcionarios y funcionarias y en el externo, aplicando medidas rigurosas de sanción a los
contribuyentes evasores; 6) institucionalización y profesionalización del personal, y; 7) adopción de una estrategia sistémica y de seguimiento continuo a la fiscalización, transparencia y evaluación de la gestión interna.

Estos principios dieron pie a 25 compromisos en materia de administración tributaria que iban, entre otros, desde la evaluación permanente de los procedimientos de cobro, fiscalización y control; la promoción de mecanismos para ampliar la base tributaria mediante la incorporación de la economía informal; el fortalecimiento de la Unidad de Contribuyentes Especiales; la evaluación independiente de los procesos de pago de los impuestos para determinar su simplicidad y justicia, y; la adopción de la cuenta corriente tributaria; el ataque a la economía subterránea y combate a la evasión fiscal mediante un ente bajo la jurisdicción del Ministerio Público, que incluya a la Policía Nacional Civil, a la SAT y al Organismo Judicial. En razón que muchos de los problemas que hoy aquejan a la SAT no son del todo nuevos en la historia de la institución, muy poco o nada se perdería haciendo una rápida revisión de dichas propuestas para determinar el mérito de las mismas en el contexto actual.

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