Escrito por: Hugo Maul Rivas
Guatemala, 28 de abril del 2020
Reducir las implicaciones económicas del confinamiento a un dilema entre perder la vida por causa del COVID-19 o por causa de la falta de ingresos complica la adecuada comprensión de un problema altamente complejo, que ocurre dentro de un ambiente de creciente incertidumbre y en situaciones donde el tiempo apremia. Si resulta válido plantear el dilema entre “salvar vidas o salvar a la economía”, también resultaría válido plantear el dilema entre “no salvar vidas y no salvar la economía”, situación, esta última, que no se puede descartar dado lo poco que se sabe de las consecuencias de contagios masivos ante la ausencia de controles sanitarios. De esa cuenta, en lugar de guiar las decisiones de política pública en función de simplificaciones extremas del problema, es necesario considerar todos los elementos que interactúan y que retroalimentan las consecuencias económicas y de salud pública de la pandemia. En tal sentido, hay que reconocer que los más de cinco millones de personas que laboran en la informalidad, más temprano que tarde, se verán obligadas a regresar a sus ocupaciones a pesar de los riesgos de salud que eso pueda representar. Esta condición de “vivir al día” representa una restricción insalvable para estrategias sanitarias que dependan de largos períodos de confinamiento de la población.
Esta particular composición del mercado laboral guatemalteco, para bien o para mal, constituye una restricción estructural para el éxito de las medidas sanitarias destinadas a combatir la pandemia del nuevo coronavirus: resulta materialmente imposible obligar a millones de personas a permanecer encerradas en sus casas cuando su única fuente de ingresos depende de lo que obtengan cada día. Si a esto se suman las limitaciones presupuestarias del sector público, quedan pocas dudas acerca de la capacidad de países pobres para hacer frente a la pandemia de la misma forma en que lo han hecho países desarrollados con amplios mercados formales de empleo, amplia cobertura de la seguridad social y gobiernos con acceso a vastas sumas de recursos financieros para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. Al final de cuentas, es necesario buscar un balance entre proteger la vida y la economía lo más que se pueda, al costo más bajo posible; esto requiere plantear el problema en términos de la necesidad de “salvar vidas y salvar las formas de ganarse la vida”. Lo cual, claro está, incluye también a las empresas formales y sus trabajadores. En caso contrario, como parece estar ocurriendo ya, cada vez será mayor la cantidad de personas que se unan a una especie de rebelión social pacífica por parte de todos aquellos que necesitan trabajar para comer.
