Escrito por: Hugo Maul Rivas
Guatemala, 31 de marzo del 2020
Según expertos en Protección Social del Banco Mundial, al pasado 20 de marzo de los corrientes, un “‘total de 45 países habían introducido, adaptado o expandido sus programas de protección social ante el COVID-19’; … transferencias en efectivo (30 programas), subsidio de los salarios (11), suspensión por enfermedad (10) y otras formas de subsidios a las contribuciones al seguros social y seguros de desempleo”. Como se puede ver, las opciones en el menú de acciones posibles son limitadas y todas ellas dependen de tres factores críticos: disponibilidad financiera; mecanismos efectivos de distribución; y velocidad de respuesta. Ante la ausencia de fondos en las magnitudes necesarias, por más efectivo y rápido que sean los mecanismos de respuesta de protección social, el impacto del mismos será limitado. De poco o nada sirven los fondos para un programa de estos si no existen mecanismos efectivos que puedan usarse para brindar la protección social; incluso, teniendo los fondos disponibles y los mecanismos efectivos a la mano, el impacto de las medidas de protección social puede ser limitado y tardío si no hay una respuesta inmediata por parte del gobierno y el seguro social. Todo esto, nótese, sin tomar en consideración aspectos relativos a la eficiencia (máximo resultado por el mínimo costo), la transparencia y la honestidad en el manejo de los fondos.
Asegurar el financiamiento de los programas de protección social es solo un primer paso de un largo camino; si no se cuenta con mecanismos de distribución efectivos mediante los cuales se pueda llegar rápidamente a la población necesitada, tener el dinero en las arcas nacionales no garantiza el éxito. Además de esto, particularmente en países en donde los programas asistencialistas fueron utilizados con criterios políticos y/o sucumbieron ante la corrupción, los mecanismos disponibles para brindar protección social a gran escala son poco efectivos y proclives a la corrupción Diseñar nuevos programas de protección social puede resultar fácil en el papel, en la práctica los desafíos logísticos y de implementación pueden provocar importantes atrasos o falta de efectividad en los mismos. El costo económico del combate contra el COVID-19 también crece a tasas exponenciales, mucho más rápido que lo que nos toma llegar a acuerdos y decidir una ruta a seguir, no se diga que la velocidad y efectividad promedio de implementación del sector público. De esa cuenta, así como se estima importante y urgente asegurar el multimillonario financiamiento que necesita el gobierno para este propósito, igual o más importante es asegurar que los mecanismos que se utilicen sean efectivos y rápidos en su respuesta.
