Descalificar a Arzú, un cuarto de siglo después, por el cierre de este tipo de instituciones resulta inconcebible.
01 de mayo del 2018
Escrito por: Hugo Maul R.
A raíz del deceso del expresidente Arzú circularon en redes sociales todo tipo de mensajes acerca de su legado al frente del Ejecutivo. Muchos de ellos, además de destilar un odio visceral contra Arzú, planteaban absurdas interpretaciones ideológicas radicales de su política económica. Argumentar que uno de sus legados fue “haber privatizado todos los bienes de los guatemaltecos y [dejarlos] en manos de la propiedad privada que han empobrecido al pueblo” no solo raya en lo absurdo sino es lógicamente falaz. Si por bienes de los guatemaltecos se refieren a los bienes del Estado, conforme al Artículo 121 de la Constitución, las políticas de Arzú en materia de desmonopolización, desregulación y privatización se limitaron a unos cuantos casos de todos los que pudieron haber existido. Asociar la pobreza de los guatemaltecos a estas decisiones ni siquiera merece un comentario aparte.
Pretender tachar a Arzú por haber “vendido” instituciones como “Guatel, Bandesa, la distribuidora de energía, ahora Energuate, correos, la empresa del ferrocarril, la línea área de Guatemala, el Banvi” no solo revela un total desconocimiento histórico y jurídico de lo sucedido, sino también un claro sesgo ideológico a favor de un modelo estatista corrupto de desarrollo. En el caso de la “línea aérea de Guatemala”, ni siquiera fue Arzú el responsable del oscuro negocio: la venta ocurrió en tiempos de Cerezo. Pretender jugar la carta del nacionalismo para justificar empresas estatales como las desaparecidas Fegua, Aviateca, Banvi o Bandesa sería como justificar mecanismos como el de “Construcción y Corrupción” por el hecho de haber sido realizado por guatemaltecos. Centavos más o centavos menos, en este tipo de empresas estatales llegaron a existir niveles de corrupción, abuso de poder, nepotismo y malos manejos esencialmente similares a los actuales.
El Banvi, por ejemplo, era una institución reconocida por la corrupción y tráfico de influencias al más alto nivel. Utilizando la excusa de la construcción de “vivienda popular” se cometieron cualquier cantidad de abusos.
(http://www.cronica.ufm.edu/index.php/DOC135.pdf). En todo caso, lo que no logró hacer Arzú fue construir una nueva institucionalidad a “prueba de balas” que reemplazara algunas de las funciones que, supuestamente, cumplían estos entes estatales. Una crítica que, en todo caso, habría que hacer todos los gobiernos que han pasado por el poder. Descalificar a Arzú, un cuarto de siglo después, por el cierre de este tipo de instituciones resulta inconcebible, salvo que se desconozca profundamente la historia reciente, o uno haya perdido su ‘modus vivendi’ a causa de ello, o el velo ideológico le impida a uno ver la perniciosa naturaleza de este tipo de instituciones. Hacer un berrinche de este tipo, un cuarto de siglo después, sería equivalente a que en el año 2045 alguien se pusiera a defender la legitimidad y efectividad de los esquemas de corrupción que han salido a la luz en los últimos años.
