Escrito por: Hugo Maul Rivas
Guatemala, 11 de agosto del 2020
En otras latitudes empieza a manifestarse este fenómeno. En Alemania, para citar un ejemplo de un país en donde la riqueza informativa permite hacer otro tipo de análisis, los expertos consideran que el país está en la víspera de un aluvión de quiebras de empresas en los próximos meses a causa de la crisis provocada por el nuevo coronavirus. La razón principal, según indican fuentes especializadas, es el atraso recurrente en la cadena de pagos entre empresas y el aumento de los saldos promedios de esas cuentas. En términos coloquiales, cada vez es más frecuente que se pague “tarde, mal y nunca”. A pesar de las diferencias entre Guatemala y aquel país, no hay razón alguna para que Guatemala estuviera exenta de este tipo de fenómeno. Aunque acá no se tenga información precisa para hacer lecturas precisas sobre las condiciones de liquidez de las empresas, el impacto de la crisis sobre el comercio, turismo, educación y servicios, entre otros sectores, ha sido de tal magnitud que no sería raro estar ante una situación parecida. Por de pronto, un número importante de empresas que se encuentran en un “estado latente” en relación a sus posibilidades futuras gracias a que sus trabajadores se vieron beneficiadas por el Fondo de Protección del Empleo. Una vez terminado este apoyo gubernamental, cada una de ellas deberá evaluar la posibilidad de ajustarse a las nuevas condiciones y continuar sus operaciones; es de esperar que muchas de ellas afronten problemas insalvables que los obliguen a considerar el cierre de sus operaciones o la reestructuración profunda de las mismas.
Existe una buena cantidad de empresas que seguirán siendo viables en la nueva normalidad, pero que, dados los niveles de nivel de deuda que acarrean de la vieja normalidad, podrían no ser rentables en las nuevas circunstancias. En casos como este, un proceso de reorganización interna y negociación con los acreedores permitiría a muchas de ellas una valiosa segunda oportunidad. En aquellos casos en que las empresas no tengan viabilidad alguna en la nueva normalidad, el marco jurídico debería facilitar y acelerar a las mismas solventar sus obligaciones con sus acreedores. Estas dos características, que resultan obvias para cualquier persona, no necesariamente están garantizadas en el marco jurídico que regula las insolvencias en el país, mucho menos dada lentitud promedio de los procesos judiciales y la imposibilidad que las empresas sigan operando mientras la empresa avanza en este proceso. Lo que menos necesita Guatemala son más decesos a causa del COVID-19, en este caso empresas que podrían ser viables de contarse con instrumentos legales que faciliten los procesos de reorganización de las empresas, a la vez que se protegen los derechos de los acreedores.
