Escrito por: Verónica Spross
Guatemala, 27 de octubre del 2022
El análisis del proyecto de presupuesto del Estado para 2023 refleja desafíos importantes, que deberían abordarse antes de su aprobación. El CIEN, en su informe reciente, señaló que Guatemala tiene uno de los presupuestos más rígidos del mundo, ya que el 86 por ciento de los ingresos está comprometido a un fin específico y menos de 2 quetzales de cada diez de los que componen los egresos cuenta con cierto grado de flexibilidad.
Por otra parte, la mayor parte del presupuesto de egresos corresponde a gastos de funcionamiento y estos gastos además, muestran una tendencia al alza por el crecimiento de la asignación en recurso humano. Si se analiza el período 2004-2007 y el 2021, el gasto de funcionamiento pasó de 52% de los egresos a un 67% y la categoría que más se incrementó fue el recurso humano. El problema radica en que, para acomodar este incremento de gasto, se ha disminuido el rubro de inversión pública.
También preocupa que Guatemala no ha cumplido, en un sentido estricto, con la “regla de oro” de 1997, establecida como una directriz para el funcionamiento de la política fiscal, donde se establece que el Gobierno debe pedir prestado sólo para invertir y pagar los servicios de la deuda pública. Sin embargo, en el Proyecto de Presupuesto 2023 se financiarían Q. 3,439.5 millones de gastos de funcionamiento con colocaciones internas y préstamos externos, dentro de lo cual se incluyen Q. 30.9 millones para pago de remuneraciones. Se destaca que el porcentaje de deuda pública que se utiliza para financiar gasto de funcionamiento pasó del 4% en 2004-2007 a 40% en 2021.
Sobre los desafíos que se enfrentan como país en temas de presupuesto están los siguientes: a) mejorar la calidad del gasto público; b) aumentar la inversión; c) medir la eficacia del gasto público para lograr el objetivo planteado.
Dentro de las recomendaciones del análisis de CIEN, se concluye que se debe eliminar gradualmente las asignaciones presupuestarias con destino específico y comenzar en el corto plazo a reformar aquellas leyes que generan rigidez presupuestaria, avanzando hacia una gestión que se centre en la responsabilidad por los resultados. Asimismo, contener el crecimiento de la participación del gasto de funcionamiento, donde la negociación de los pactos colectivos de condiciones de trabajo se realice de forma transparente y se considere una reforma del servicio civil en el mediano plazo para garantizar contar con el recurso humano adecuado, evitar financiar gasto de funcionamiento con deuda pública y mejorar la calidad del gasto público.
