Por una verdadera reforma al sistema de contrataciones del Estado – CIEN – Centro de Investigaciones Económicas Nacionales
01/07/2015

Por una verdadera reforma al sistema de contrataciones del Estado

Recientemente el Congreso de la República lanzó mesas para reformar marcos legales, a raíz del clamor popular de mejorar varias leyes para reducir la corrupción en el Estado.

Entre esas leyes se encuentra la de Contrataciones del Estado (Decreto 57-92 y sus reformas). Sin embargo, sería un error que las reformas que se presenten sean solo parche de corto plazo y no una solución sistemática para promover la eficiencia y la transparencia (reducción de la corrupción) en las compras y contrataciones del Estado.

Algunas instituciones han definido a la corrupción en las adquisiciones del Estado, cuando para influenciar el resultado de un proceso de adquisición pública se ofrece, se otorga, se recibe o solicita, de forma directa o indirecta e independientemente del valor, un pago o beneficio de cualquier tipo.

Ello implica que la corrupción es tanto del que recibe como del que ofrece. Para poder tener un sistema que reduzca la corrupción, se debe tener claro un marco conceptual que oriente las reformas que se deben realizar. Robert Klitgaard deriva el riesgo de corrupción asociado a la suma del tamaño de las rentas que controla un funcionario público, que están asociados a poder monopólico (básicamente qué tanto puede ganar por la corrupción) y la discrecionalidad para asignar esas rentas (básicamente es el poder que tiene para hacer lo que quiere), menos el grado de poder hacer responsable a ese funcionario (reducción de la impunidad).
Según lo anterior, para reducir la corrupción debemos: a) incrementar la competencia entre los oferentes; b) reducir la discrecionalidad con procesos y procedimientos estandarizados; c) promoción de la transparencia; y d) penalizaciones para las personas que realizan actos de corrupción.

A la luz de lo anterior, está claro que con solo reformar la Ley de Contrataciones no se solucionará la problemática. Por ejemplo, para aumentar la competencia se requiere de mecanismos para detectar cuando existe colusión entre oferentes y su penalización.

Guatemala actualmente carece de una política de competencia; el desarrollo de procesos y procedimientos va más allá de lo que una ley puede ofrecer (puesto que es un esfuerzo más específico), aunque deben de estar vinculados; tener sistemas que promuevan la transparencia y, además, se debe contar con un sistema de justicia eficiente que disponga de instrumentos adecuados para detectar y castigar los actos de corrupción.

La ley es un instrumento, mientras que el sistema lo es todo. No se puede manejar separadamente el diseño de una ley, del efecto que tiene en el sistema. Por ello, el primer paso es un análisis del sistema de compras y contrataciones, encontrar sus principales problemas y, a partir de allí, proponer las soluciones. Se requiere de una reforma, sin lugar a dudas, pero esta debe ser sistemática.

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