CIEN 12 de septiembre 2017
En ambientes altamente polarizados, como el que ha caracterizado a Guatemala, durante las últimas semanas, no hay manera de quedar bien con todos; cualquiera que sea la decisión que se tome, así sea una decisión que favorezca a todos los bandos en conflicto, siempre habrán quienes se sientan agradecidos y satisfechos y otros traicionados y molestos. En tal sentido, la decisión de no retirar la inmunidad al Presidente Morales, independientemente de cualquier consideración relacionada con la justicia, el derecho, la gobernabilidad o la legitimidad moral de quienes tomaron dicha decisión, le “echa más de leña al fuego” existente. Lamentablemente, en situaciones de tanta confrontación como la actual, lo mismo hubiera sucedido de haber tomado el Congreso la decisión contraria. Tal y como están las cosas en Guatemala, más que buscar puntos de encuentro con quienes piensan distinto, lo más importante parece ser defender hasta la última consecuencia el punto de vista que cada quien tiene sobre estos asuntos. Una actitud muy típica de otros tiempos en el país, que algunos pensaron había quedado atrás después del proceso de reconciliación a raíz de los Acuerdos de Paz pero que, para bien o para mal, el endurecimiento del combate contra la corrupción y la particular forma que éste ha tomado parece haber despertado entre muchos guatemaltecos.
A diferencia de quienes están totalmente comprometidos con la defensa a ultranza de las posturas más extremas en este debate, los guatemaltecos deberían identificar los elementos valiosos en cada una de las posturas antes de seguir alimentando un debate sin salida. Por un lado, quienes esperaban que el Congreso retirara la inmunidad al Presidente Morales, correctamente ven en la decisión del Legislativo un claro acuerdo entre los más variados intereses de la vieja política para defender sus intereses y permanencia en el tiempo. Por el otro, quienes defienden la decisión, correctamente afirman que el Congreso, mediante el uso de métodos perfectamente legales y legítimos, logró preservar la institucionalidad en el país en momentos muy difíciles. Desde un contexto más amplio, ambas posturas coinciden en la necesidad de fortalecer la institucionalidad del país frente ala injerencia de grupos externos que puedan apropiarse de la misma para sus particulares intereses. Así como no existe duda que la gran mayoría está de acuerdo con que continúe la lucha contra la corrupción, siempre y cuando esta se lleve a cabo de manera que se respete, en forma y fondo, la institucionalidad existente, tampoco existe duda alguna que nadie está dispuesto a defender la institucionalidad existente si ésta es susceptible de ser manejada a sabor y antojo de grupos particulares. Más que continuar peleando cada uno desde su trinchera y tratando de descalificar a los que piensan distinto, este es momento para reconocer los elementos de verdad que tienen otras posturas y construir una postura común que permita defender así el interés general frente a los intereses particulares.
