Escrito por: Hugo Maul Rivas
Guatemala, 21 de abril del 2020
Asegurar el financiamiento de los distintos programas y proyectos que demanda la atención de la crisis sanitaria y económica del nuevo coronavirus es solo el primer paso y, por más difícil que haya sido, quizás sea el más fácil de todos. No basta con que los políticos y burócratas tengan buenas intenciones respecto del destino del gasto público; hace falta que exista capacidad de ejecución oportuna y efectiva para que el dinero que se gasta se transforme en bienes y servicios valiosos para la población. De acuerdo a las mediciones existentes (Andrews, Pritchett y Woolcock, 2017), a la tasa histórica de mejora en la capacidad productiva del gobierno para producir resultados, para el año 2584 el Gobierno de Guatemala habrá desarrollado la capacidad de implementación de los países más efectivos en esta materia hoy día. En otras palabras, mientras el sector público carezca de las capacidades mínimas para transformar en hechos concretos y medibles todas las atribuciones que, correcta o incorrectamente, se le han trasladado, es poco lo que se puede esperar en términos de resultados de los proyectos, programas y políticas impulsados desde el gobierno. Culpar al gobierno actual por la secular incapacidad de implementación del sector público sería injusto; con cien días en el poder, que se cumplen el próximo jueves, y una crisis de esta magnitud resulta comprensible que la velocidad de respuesta no sea la que muchos esperaban.
Desafortunadamente, en el debate público pareciera interesar únicamente el tamaño del gobierno, no su capacidad de producir resultados. Los que anhelan un gobierno grande no cesan de señalar la necesidad de más gasto público; los que desean un gobierno más pequeño no cesan de señalar la necesidad de menor gasto público. Muy pocas veces se considera que un gobierno con poca capacidad para producir resultados no podrá proveer efectivamente seguridad y justicia, si ese fuera el caso, o un Estado de Bienestar, en el otro caso. Ya sea que se crea que el gobierno debe tener un amplio rol en la sociedad y manejar amplísimas sumas de dinero, o que se crea que el gobierno debe jugar un papel reducido, concentrando su acción a unos cuantos rubros esenciales, mientras éste carezca de una mínima capacidad de ejecución efectiva y oportuna, de las palabras los hechos siempre habrá un amplísimo trecho. Lamentablemente, momentos como el que ahora vive Guatemala hace que muchos olviden la importancia de fortalecer esta capacidad de implementación del gobierno; otros muchos se concentran en soluciones pasajeras que, a pesar de ser necesarias y urgentes, no garantizan que algún día el gobierno pueda superar la débil capacidad de implementación que hoy tiene. Hay tiempo para esperar: dentro de 500 años el problema se habrá resuelto por sí mismo.
