Las decisiones que hoy se tomen tendrán profundas consecuencias sobre la disponibilidad, precio, cobertura y confiabilidad de la energía eléctrica en las próximas décadas y, por supuesto, sobre el desarrollo económico y urbano del país. De no haberse tomado la decisión de reformar de manera profunda el sector eléctrico hace un poco más de 20 años, muy probablemente estaríamos hoy atascados en el mismo tipo de problemas de aquel entonces, como los que hoy agobian a varios de nuestros países vecinos: faltantes en la producción; déficits de infraestructura; dependencia de fondos públicos, mayoritariamente deuda externa, para garantizar la operación del sector; manipulación política; burocratismo e ineficiencia, e incertidumbre regulatoria.
Aunque siguen existiendo problemas importantes dentro del sector, la severidad de ellos es mucho menor a la del tipo de problemas que aqueja a países como Costa Rica, por ejemplo, en donde el precio de la energía eléctrica es de los más altos de la región, en donde la planificación centralizada por parte de la empresa estatal de energía permite trasladar las ineficiencias operativas de la empresa a los consumidores por medio de la tarifa eléctrica. No hacen falta muchas explicaciones cuando, por ley, se puede trasladar al consumidor la ineficiencia operativa de una empresa estatal que opera en condiciones monopólicas. O bien, como los problemas nicaragüenses, en donde los subsidios cruzados siguen siendo un grave problema para la sostenibilidad financiera del sector; a largo plazo resulta financieramente insostenible otorgar subsidios a más de tres cuartas partes de todos los usuarios de energía en el país. No se diga la incorporación al sistema de las plantas termoeléctricas Hugo Chávez y Che Guevara al sistema, reconocidas ambas por su manifiesta ineficiencia y por la manipulación política de una decisión que debió haber sido eminentemente técnica y económica.
A la luz de estos ejemplos resulta imposible de entender que todavía existan grupos radicales que exijan que Guatemala adopte modelos similares a los que hoy tienen países como Costa Rica o Nicaragua. Regresar a este tipo de esquemas, como demandan algunos grupos radicales, no beneficiaría a nadie, incluso a quienes hoy se oponen a la construcción de hidroeléctricas; a la expansión de la infraestructura de transporte; al cobro de la energía eléctrica a ciertos segmentos poblacionales o la participación del sector privado en el sector. Todos estos grupos, especialmente sus líderes, pueden adoptar este tipo de radicales posturas gracias al éxito del modelo. Todas estas posturas palidecerían frente a la gravedad de los problemas que existirían de no haberse liberalizado este sector hace 20 años. Es momento de dejar de ver hacia el pasado y comprender la importancia de tomar decisiones hoy para afrontar los retos de los próximos 20 o 30 años.
