Escrito por: Hugo Maul Rivas
Guatemala, 18 de mayo del 2021
“Endeudamiento crecerá hasta reventar la pita”. Así titulaba Luis Membreño, connotado economista salvadoreño, su columna del pasado jueves en la ‘Prensa Gráfica’; el peligroso crecimiento que ha experimentado la deuda pública en el vecino país ofrece lecciones importantes para Guatemala y para el mundo. Sobre todo, la importancia del papel que juega el Legislativo en moderar las pretensiones de gasto del Ejecutivo. Como acertadamente se dice en la columna en cuestión: el Legislativo no puede ser un ‘“simple tramitador de aprobaciones que solicite el Ministro de Hacienda”’. Corresponde al Congreso evaluar detenidamente los costos, beneficios y riesgos potenciales del nuevo endeudamiento público; por más que un partido tenga una mayoría abrumadora o exista una poderosa coalición en el Legislativo, nada justifica que se tomen decisiones apresuradas y riesgosas en esta materia, tal como parece haber sucedido hace una semana en la Asamblea Legislativa de El Salvador, como lo describe Membreño: en un mismo día “‘se decidió durante la plenaria convocar a la comisión de Hacienda para discutir una serie de préstamos, al cabo de unas horas se emitió el dictamen y luego fueron aprobadas siete operaciones crediticias con casi la totalidad de los votos’”.
Sin pretender juzgar las bondades o efectos perjuidiciales que dichos préstamos podrían tener para la economía salvadoreña, cuestión que corresponde solamente a sus propios ciudadanos, resulta muy revelador este episodio en función de la situación que vive Guatemala. Si bien la situación del endeudamiento público en nuestro país es muy distinta a la de El Salvador, en donde la deuda pública ya casi alcanza el cien por ciento del PIB, nada justifica que Guatemala siga endeudándose por el simple hecho que el nivel de endeudamiento es bajo o porque existen instituciones financieras internacionales dispuestas a seguir prestando al país. Si bien en Guatemala se han respetado un poco más las formas, al final de cuentas, como lo han demostrado en el pasado reciente, todos los entes obligados a evaluar la conveniencia del endeudamiento también saben cómo “echar las pupusas al comal”; si los dictámenes de este tipo de entidades obedecen únicamente a consideraciones políticas sale sobrando la supuesta solvencia técnica de quien los elabora, así como el tiempo que se tomen en hacerlos. Aunque no se avizore ninguna acción por parte del Congreso en materia de endeudamiento público en el futuro cercano, es casi seguro que mientras usted lee estas líneas, en alguna oficina pública alguien está buscando la forma de cómo endeudar más el país. Sobre todo, ahora que se viven tiempos en los cuales cualquier intervención gubermamental se justifica en nombre de combatir la pandemia y sus efectos económicos.
