Escrito por: Verónica Spross
Guatemala, 29 de noviembre del 2020
Se puede mencionar un objetivo o una meta dentro de un plan de trabajo de una entidad de gobierno, pero si un programa no tiene recursos asignados significa que no es importante. Estamos ante una nueva discusión que se lleva a cabo en el Congreso de la República, sobre el proyecto de presupuesto nacional, que se presentó para su análisis y aprobación, o improbación, según se decida.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales – CIEN, presentó un Análisis del Proyecto de Presupuesto 2021. Una de las conclusiones señala que la estructura programática del Presupuesto 2021 es muy similar a la de años anteriores. Asimismo se indica que persiste el desafío de planificar y gestionar de manera integral intervenciones estratégicas. CIEN reconoce que una porción de las asignaciones presupuestarias muestra cierto nivel de alineación con las Prioridades Nacionales de Desarrollo. En ocasiones se detectan fuertes e indeseadas contradicciones, por ejemplo se asigna menos presupuesto promedio por niño menor de cino años y desnutrido que lo que se asigna por niño en departamentos de menor vulnerabilidad a la desnutrición crónica.
Los ingresos tributarios se espera que alcancen los 61,426.1 millones de quetzales, equivalente al 10% del PIB; es posible alcanzar esta meta siempre y cuando no se materialice un nuevo escenario de infecciones por COVID-19 y nuevas restricciones. Las rigideces del presupuesto son un factor que dificulta establecer prioridades y gestionar con base en desempeño, ya que las asignaciones con destino específico promueven que se incurra en un ciclo inercial de gasto público.
Un aspecto positivo que tenemos es el sistema de inversión pública que sistematiza los proyectos e indica si invertir en ellos será positivo y traerá beneficios para muchos, o señala si no conviene realizarlos. Al revisar la información disponible de los proyectos de reactivación económica, a partir de los códigos de dicho sistema, se encontró que la opinión técnica mostraba requisitos pendientes, no contaban con evaluación de impacto ambiental ni con certificación de propiedad.
Entre las recomendaciones se incluye: a) Establecer un compromiso formal de retornar en el mediano plazo a la tendencia de buscar el principio del balance fiscal que se acordó con el Pacto Fiscal; y, b) eliminar la práctica de financiar el gasto de funcionamiento con deuda pública, ya que financiar gastos de funcionamiento con más deuda no es adecuado, porque en el mediano y largo plazo no será sostenible; c) Priorizar la recuperación del empleo y el consumo, y con ello la recaudación tributaria; d) Aprobar proyectos y programas con alta rentabilidad social, es decir que aporten al crecimiento económico, apuntalen la seguridad y el sistema de justicia o fortalezcan el capital humano, educación, salud y combate a la desnutrición crónica, evitando gastos superfluos.
