Noviembre, mes del fiambre, los barriletes y el otoño. Vientos frescos y celajes espectaculares. Qué bien caería que se aplicara el viejo dicho “Guatemala, Guatemala si tu clima te gobernara”.
Estamos pasando procesos complejos en el país. Uno de los más polémicos de la semana pasada fue la “crisis económica” que vive el gobierno. El problema es que se están gastando mucho más recursos de los que ingresan al Estado y penosamente con muy pocos efectos positivos para la población. Por un lado, la meta de la carga tributaria aprobada en el presupuesto no será alcanzada, con un déficit de aproximadamente Q3 mil millones, y por el otro en febrero el Congreso amplió el presupuesto en Q1 mil 500 millones más para pagar los pactos colectivos suscritos en educación y salud –monto que se pretendía financiar con ingresos tributarios–.
Debido a la falta de recursos, el ministro de Finanzas le solicitó al Congreso la aprobación de Q4 mil millones en bonos. De estos se destinaría el 85% para el pago de servicio de la deuda, 12% para la Policía Nacional Civil y el resto para la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal. Sin embargo, con los desafíos de gobernabilidad que ha presentado el parlamento, el tema de los bonos no ha sido aún atendido. Ante la situación, el organismo ejecutivo ha iniciado medidas. Se pueden mencionar temas como circulares a los trabajadores para ser austeros, dejar de pagar a los proveedores –como la gasolina y medicamentos–, no transferir recursos a otros órganos del Estado; inclusive para alarmar a la sociedad, se anunció que los privados de libertad iban ser trasladados a los tribunales en transporte público por falta de combustible.
Esta situación denota tres puntos a señalar respecto de la administración pública: 1) falta de planificación, 2) inconvenientes de gestión y 3) serios problemas de corrupción.
La planificación es un reto de casi todas las entidades públicas. Año con año se piden más recursos, pero sin determinar resultados concretos. Un caso patético es el Ministerio de Salud. Los recursos siempre serán escasos y, por lo tanto, deben ser administrados eficientemente. Por el lado de los ingresos preocupa el desempeño de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Luego de los Acuerdos de Paz, por fin en el año 2007 la carga tributaria había llegado a 12% respecto de la producción nacional, actualmente ha bajado a 10.7%. Para cubrir el presupuesto se ha incurrido en endeudar al país, de lo que muchos expertos señalan que ya hemos llegado al límite.
La gestión pública es un “talón de Aquiles”. Aún contamos con sistemas obsoletos de gestión centralizada, sin planes en el mediano y largo plazos, y con leyes inoperantes como la de contrataciones y servicio civil. Los ministerios operan verticalmente sin una comunicación efectiva en las comunidades y en coordinación con los alcaldes. En este sentido es momento de volver a discutir el tema de descentralización y modernización de la administración pública.
Los problemas de la corrupción son enormes. Se pierden recursos en sobrevaloración de precios, compras innecesarias y contratación clientelar de personal. Se utilizan fondos públicos para favorecer campañas políticas y se compran voluntades de grupos de presión. A medida que no se planifique, se mejore la gestión pública y el fenómeno de la corrupción no cambie, difícilmente habrá presupuesto que alcance y guatemalteco que se sienta motivado a pagar impuestos. ¿Está de acuerdo con la aprobación de los bonos? ¿Qué recomendaría hacer?
