Escrito por Hugo Maul Rivas
Guatemala, 04 de febrero 2020
Los temidos agujeros fiscales han dejado de ser una excepción para convertirse en la regla en materia de finanzas públicas. Sin excepción, todos los gobiernos que han asumido el poder desde el retorno a la democracia han iniciado su período, de una manera u otra, con algún tipo de crisis fiscal. Algunas de estas crisis tuvieron su origen en compromisos de gasto adquiridos por administraciones previas que no tuvieron el cuidado de asegurar las fuentes de financiamiento para esas obligaciones; otras de ellas se originaron en drásticas reducciones en la carga tributaria producto de fallos judiciales que alteraron la forma de cálculo de los impuestos, hechos generadores, bases de cálculo y tasas de los mismos; otras más fueron producto de acontecimientos imposibles de prever como crisis económicas o catástrofes naturales; y más de una de ellas tuvo su origen en la incapacidad manifiesta de la SAT para hacer su trabajo debido a la cooptación de la institución por parte de mafias organizadas. En general, la forma de encarar cada una de ellas ha sido combinando reformas tributarias, endeudamiento, austeridad y reorganización de la SAT. En todos los casos, medidas tomadas en condiciones de emergencia, producto de la necesidad más que de la reflexión. Esta vez todo apunta a que se repita nuevamente el patrón de comportamiento: el cambio en la definición de los “ingresos ordinarios” que manda la resolución de la Corte de Constitucionalidad podría provocar un agujero fiscal superior a los Q7 millardos; dinero que, por supuesto, no existe en las arcas del Estado y que difícilmente podría levantarse de la noche a la mañana mediante reformas tributarias improvisadas a la carrera o, si se pudiera, inyectándole esteroides a la administración tributaria.
De no haber ningún cambio en esta forma de cálculo, el gobierno de turno tendrá que sacar esos recursos del bolsillo de los ciudadanos, ya sea por medio de mayores impuestos presentes o más deudas, lo que al final de cuentas termina siendo más impuestos futuros. Esta vez, con el agravante que muchos de los beneficiarios no se caracterizan por usar bien los fondos públicos. En caso no haya vuelta atrás, habría que exigir que estas instituciones cumplan también con el espíritu de la norma que inspiró estos aportes constitucionales: Si se trata de respetar la letra muerta y el espíritu de los constitucionalistas, habría que respetarlo en todas sus dimensiones, no solamente en lo que corresponde a recibir más fondos. Es decir mejorar las condiciones de vida de la población mediante esos recursos, ejecutando dichos fondos con total honestidad, transparencia y responsabilidad. En caso contrario, lo único seguro es que el tamaño de la piñata será cada vez mayor.
