Más impuestos: ¿Menos corrupción? – CIEN – Centro de Investigaciones Económicas Nacionales
24/11/2015

Más impuestos: ¿Menos corrupción?

Una cosa es reconocer que el combate a la corrupción implica recursos financieros adicionales, otra que dichos recursos deban provenir de nuevos impuestos y otra, muy pero muy distinta, que las instituciones a cargo de la seguridad y la justicia estén utilizando los recursos públicos de forma efectiva y eficiente. Antes que proponer la creación de nuevos impuestos, el Congreso tiene la obligación moral de eliminar del presupuesto público para 2016 rubros de gasto altamente cuestionados por su falta de efectividad, corte clientelista y elevados niveles de corrupción. Si los diputados atendieran esta demanda ciudadana, seguramente podrían generar ahorros suficientes para financiar de forma permanente aumentos en los presupuestos del Mingob, MP, OJ, Inacif, IDPP y PGN.

Junto con esta reorientación de recursos hacia la seguridad y la justicia debería hacerse una evaluación profunda de la calidad y efectividad del gasto en todas y cada una de las instituciones antes mencionadas. De nada serviría, como ha quedado demostrado tantas veces, dotar de más recursos a instituciones que no pueden, no saben o no quieren usarlos de forma efectiva, eficiente y transparente. Daría lo mismo que dichos fondos provengan de un nuevo impuesto o de la eliminación de gastos innecesarios; más que recursos adicionales, lo que muchas de estas instituciones necesitan es manejar mejor los recursos que ya tienen a su disposición. Solamente después de haber optimizado el uso de los recursos dentro del sector de seguridad y justicia, y haberse asignado a este sector los ahorros presupuestarios antes mencionados, podría considerarse el aumento de impuestos.

Incluso, aun en este caso, antes de proceder a la creación de nuevos gravámenes, las instituciones en cuestión estarían obligadas a demostrar públicamente la existencia de una planificación detallada de sus actividades en donde demuestren qué tipo de resultados se comprometen a alcanzar, quiénes serían los beneficiarios y en qué plazo esperan lograr los mismos, así como los insumos y productos necesarios para alcanzar los resultados deseados. En ausencia de esta planificación, no existe garantía alguna que cada Quetzal adicional dedicado al combate contra la corrupción contribuya al resultado deseado; cualquier decisión que se tome en materia de impuestos o presupuestaria en lo referente al combate a la corrupción no pasa de ser, en el mejor de los casos, un acto de fe o, en el peor de ellos, una jugarreta política. Al final de cuentas, es importante saber a ciencia cierta cuántos Quetzales adicionales por concepto de combate a la corrupción cuesta reducir un Quetzal la corrupción existente. No vaya a ser que “salga más caro el
caldo que los frijoles”, no porque el combate no lo valga sino porque dicho combate pueda resultar totalmente inefectivo.

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