El Procurador de los Derechos Humanos y sus aliados han de estar muy felices: ganaron la batalla contra los salarios diferenciados, no contra la falta de empleo y pobreza en Guatemala. Podrán colgarse esta medalla en el pecho y sacarle provecho político y financiero. Lo que no se dice es que lo que ellos ganan, lo pierde el pueblo de Guatemala. Así es este juego político-judicial: lo que ganan los defensores de los derechos humanos, de los derechos laborales y jueces constitucionales lo pierden los guatemaltecos que no tienen trabajo. Así es. La práctica de diferenciar salarios es bastante común a lo largo y ancho del mundo. Basta con revisar los niveles salariales dentro de la Unión Europea o dentro de EE. UU. para constatar que no puede pretenderse que exista un único salario mínimo cuando las características del empleo, socioeconómicas y productivas dentro de un país o región son muy distintas. Existen muchas formas de diferenciar salarios; en muchos países el salario mínimo de los trabajadores jóvenes que ingresan por primera vez al mundo laboral es más bajo que los de quienes tienen más experiencia y edad. En otros países los salarios mínimos que deben pagar las pequeñas y medianas empresas son más bajos que los que se pagan en empresas grandes. Ambos esquemas reconocen diferencias en la productividad promedio de los trabajadores. Cuando la ley impide reconocer estas diferencias en la estructura productiva como bien dijo uno de los adversarios a la medida en cuestión, “no hay solución para el problema de la falta de empleo en Guatemala”.
Posturas jurídicas como la que adoptó la Corte de Constitucionalidad (CC) condenan a millones de guatemaltecos a vivir en la pobreza, depender de la economía campesina de subsistencia para siempre, de las dádivas de los políticos o de los programas asistencialistas del gobierno. Resulta muy difícil entender por qué hay quienes prefieren condenar a los jóvenes desempleados del área rural a que sigan ganando Q1,000 al mes en actividades agrícolas, cuando encuentran empleo, que permitirles ganar 14 sueldos de Q1,500 al año, más prestaciones y seguridad social en empleos formales no agrícolas. Salvo que, quienes se oponen a esta mejoría de los trabajadores, prefieran que los guatemaltecos sigan dependiendo del corrupto sistema de la entrega de fertilizantes, bolsas de víveres o transferencias monetarias. Así como no hace sentido alardear que la resolución de la CC protege los derechos de los trabajadores guatemaltecos, cuando la mayoría ni siquiera tiene un empleo, tampoco tiene sentido seguir defendiendo un régimen laboral que no permite ni la más mínima modificación o actualización. Tal es el momento de reformarlo todo y acabar de una vez con desgastados mitos como el del salario mínimo y de otras regulaciones laborales que no sirven para nada, salvo para crear pobreza y desempleo entre los trabajadores y para cimentar el poder político de grupos e instituciones de dudosa legitimidad e intereses.
