Escrito por: María del Carmen Aceña
Guatemala, 16 de noviembre del 2020
Uno de los mayores aprendizajes del COVID19 para Guatemala es que no basta con asignar recursos públicos para realizar una serie de programas. Se requiere un buen diseño, un sistema de gestión eficiente y logística funcional para ejecutar los mismos. Es importante señalar que el país se endeudó considerablemente este año y debemos evaluar si realmente valió la pena.
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales -CIEN-, cuenta con el Observatorio #COVID19GT cuyo objetivo es ir monitoreando la ejecución de los recursos asignados por el Congreso de la República para combatir la pandemia. El Observatorio trabaja con el apoyo del Centro para la Empresa Privada Internacional -CIPE- y su fin es transparentar el gasto público específico para aliviar el impacto del COVID19 en el país.
Desde un principio el CIEN decidió agrupar los Q14,610 millones destinados al COVID19 en cuatro categorías: 1) Apoyo a personas, 2) Apoyo a empresas, 3) Servicios de salud, e 4) Infraestructura.
Al 31 de octubre, el principal avance presupuestario corresponde a la categoría Apoyo a personas. Esto se debe a la totalidad de recursos del subsidio de la energía eléctrica al INDE y a que el Programa Bono Familia logró una ejecución del 91%. Sin embargo, el Programa de Agricultura Campesina lleva una ejecución de 0% ya que, aunque se programó que 6,250 familias de los 22 departamentos cuenten con sistemas de mini riego por goteo para huertos familiares este proyecto aún no se logra completar. En esta categoría también se encuentra el Programa de Dotación Alimentaria con una ejecución presupuestaria de 5%.
La categoría Apoyo a empresas también muestra una alta ejecución presupuestaria. Esta incluye las transferencias al Crédito Hipotecario Nacional (para el Fondo de Protección de Capitales, para el Fondo de Crédito de Capital de Trabajo y para el Fondo de Protección al Empleo). Los recursos del Fondo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas -MIPYME- que tienen previsto colocar por medio de BANRURAL, aún no se ejecuta. Desde septiembre de 2020 se estaba gestionando el trámite para transferir los primeros Q.30 millones.
La categoría Servicios de salud que contempla adquisiciones en tres renglones de Gasto, su ejecución es baja. Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud ha ejecutado menos de la mitad (47% del presupuesto vigente). Elementos y compuestos químicos una tercera parte y Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio no llega ni a una curta parte (23% del presupuesto vigente).
Respecto la categoría de infraestructura se muestra algún avance por las adquisiciones en el programa de remodelación e infraestructura del Ministerio de Salud con un préstamo del Banco Mundial (Decreto 12-2020) pero la ejecución ha sido de 20% en las obras de infraestructura de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Ajora bien, de los cinco proyectos de infraestructura del Ministerio de Salud (Q.15 millones para el mejoramiento de las áreas existentes del Hospital de Joyabaj; Q.6.5 millones para la construcción de un centro de salud en la aldea El Cerinal del municipio de Barberena del departamento de Santa Rosa; Q.5.4 millones para el mejoramiento de las áreas existentes del Hospital de Nebaj de Quiché; Q.1.8 millones para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales dentro de las instalaciones del Hospital Nacional Huehuetenango; y Q.1.3 millones para la construcción de un puesto de salud para la aldea San Antonio Tzejá del Municipio de Ixcán del departamento de Quiché) no se ha ejecutado nada.
Finalmente, con relación a la ejecución presupuestaria de los recursos asignados mediante los tres decretos; préstamos internacionales del BIRF, BID, y BCIE y Bonos del Tesoro (Banco de Guatemala y en el mercado primario de capitales), en el primer grupo había una ejecución del 32%, mientras que en el segundo era del 86%.
CIEN concluye que es posible dar seguimiento a los distintos programas por medio del Sistema Integrado de Administración Financiera a la ejecución presupuestaria de la asignación presupuestaria del Gobierno Central para dar respuesta al COVID-19, sin embargo, en el caso de algunos programas que hacen transferencias o anticipos a otras entidades, éstas deben brindar información adicional para determinar su ejecución.
Los programas de menor ejecución presupuestaria en la categoría de Apoyo a las Personas son: el Programa de Agricultura Campesina y el Programa de Dotación Alimentaria; en la categoría de Apoyo a empresas es el Fondo para las MIPYME. En la categoría de Infraestructura son la Infraestructura en Salud y los Proyectos para Reactivación Económica. Es evidente que el Gobierno tiene serios problemas de gestión y no cuenta con la logística para llevar a cabo con éxito este tipo de programas.
Se considera pertinente promover un diálogo informado para analizar cada uno de los programas a la luz de sus respectivos diseños y procesos de implementación con el fin de sacar conclusiones y recomendaciones valiosas para tomar decisiones de políticas públicas de cara al futuro. ¿Cómo modernizamos la gestión pública? ¿Valió la penda endeudar al país? ¿Debiera pagarse gasto recurrente con deuda?
