04 de septiembre de 2018
Escrito por: Hugo Maul Rivas
La decisión oficial en nada contribuye a disipar las dudas existentes en cuanto al compromiso oficial de apoyar la lucha contra la corrupción.
La decisión del presidente Morales del pasado viernes tomó por sorpresa a una gran mayoría de guatemaltecos. Sobre todo, por lo breve y directo del mensaje y por la particular compañía que escogió tener ese día. Más allá de la verdad jurídica detrás de la decisión y la consabida grandilocuencia que acompaña estos mensajes, resultan poco creíbles las razones esbozadas cuando estas no se derivan de una rigurosa evaluación de la intervención pública en cuestión. Así como hubiera hecho cualquier funcionario público de alto nivel a quien le correspondiera cerrar cualquier institución pública, una decisión de este tipo debería estar acompañada de una evaluación profunda y sistemática de los resultados del órgano que se pretende descontinuar. Como mínimo, una evaluación de los cambios esperados producto de su intervención, su incidencia en modificar las causas que justificaron su creación y la forma en que la población se ha beneficiado de su trabajo. En ausencia de este tipo de evidencia resulta natural que muchos guatemaltecos duden de las verdaderas motivaciones del Presidente de no prorrogar el mandato y de quienes no aceptan críticas al trabajo de la CICIG.
Dada la importancia que tiene para la mayoría de guatemaltecos el mandato que se le encargó a la CICIG, la decisión de no prorrogar su mandato debió haber estado acompañada por un bien diseñado plan para echar a andar una iniciativa pública alterna capaz de cumplir con los objetivos originales sin incurrir en los supuestos problemas que la versión oficial imputa a la Comisión. Asimismo, dado que en la alocución oficial no se cuestionan las razones originales que justificaron la creación de la CICIG, así como tampoco se desconocen los objetivos que se plantearon originalmente para la misma, las circunstancias demandaban mucho más que una simple declaración de buenas intenciones y un genérico compromiso de continuar luchando contra la corrupción. En ausencia de una evaluación imparcial del impacto de la CICIG y una propuesta alterna creíble para sustituir, ampliar, profundizar y mejorar sus funciones, la decisión oficial en nada contribuye a disipar las dudas existentes en cuanto al compromiso oficial de apoyar la lucha contra la corrupción.
Si bien la naturaleza de la decisión es eminentemente política, esto no justifica que la misma se tome a ciegas. La lucha contra la corrupción es de tanta importancia que cualquier instancia, pública o privada, nacional o internacional, involucrada en la misma, con o sin CICIG de por medio, está obligada a adoptar acciones responsables, adecuadamente planificadas y bien ejecutadas. En este tema no se vale tomar decisiones a la carrera, pobremente evaluadas o sustentadas en velos ideológicos, independientemente de quién sea el que las tome.
