Guatemala, 28 de octubre de 2018. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales- CIEN presentó el Índice de Denuncias de Delitos-IDD actualizados a septiembre y un análisis sobre la asignación presupuestaria propuesta para el año 2019 para seis instituciones del sector Seguridad y Justicia.
Las instituciones analizadas fueron la Policía Nacional Civil- PNC, el Organismo Judicial -OJ-, el Ministerio Público -MP-, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses-INACIF, el Instituto de la Defensa Pública Penal -IDPP- y el Sistema Penitenciario -SP-. “Cabe resaltar que Seguridad y Justicia tiene la segunda participación sectorial como porcentaje del total de egresos, debajo de Educación” comentó David Casasola, investigador del CIEN. Asimismo, el experto enfatizó que los análisis numéricos determinan que la asignación de recursos a las instituciones individuales, para incrementar su presupuesto, no muestran una lógica coordinada.
Es por ello que instancias como el Sistema Integrado de Justicia -SIJ- y la herramienta del Flujograma de la Justicia Criminal podrían utilizarse para buscar que el sector coordine de manera inter institucional la asignación presupuestaria en busca de metas en conjunto para el bien de los guatemaltecos. “Lo que sucede cuando cambian autoridades en estas instituciones es que se reacomodan las metas y prioridades, por lo que es difícil alcanzar los objetivos de mejorar la seguridad, como podemos ver en el hecho que desde el año 2015, viene subiendo la tasa de extorsiones por cada 100 mil habitantes” indicó Casasola.
Respecto al IDD, Walter Menchú, analista del CIEN, compartió que por segundo mes consecutivo se observa que bajan las denuncias de delitos tanto contra las personas como contra la propiedad. Nuevamente los departamentos de Jalapa y El Progreso registran un aumento en la cantidad de homicidios, contrastando con la baja en Chiquimula, Escuintla y Guatemala. “Preocupa que la tasa de homicidios subió por primera vez desde noviembre del año pasado, situándose en 22.9 por cada 100 mil habitantes” comentó Menchú.
A pesar que para 2019 se propone un aumento de Q 1,021.9 millones en transferencias del gobierno central para las instituciones del Flujograma de la Justicia Criminal, se puede concluir que no hay relación entre las metas que se trazan de forma individual y acciones encaminadas a mejorar la eficiencia global del sistema. No se cuenta con planes coordinados de mediano y largo plazo que tengan un objetivo común, que podría ser el disminuir ciertos delitos priorizados. Para poder determinar qué factores han sido exitosos en bajar la cantidad de homicidios y en qué nivel aporta cada institución a esta meta común, se necesitan estudios técnicos y específicos y sistematizar las buenas prácticas, acompañados de instrumentos de medición como la realización periódica y la publicación de la encuesta de victimización que se realizó recientemente, cuyos resultados todavía están pendientes de darse a conocer.
Para más información contactar a Fabiola Rodríguez al teléfono 2331-1564.
