Incierto Futuro: Más allá de la 4644 – CIEN – Centro de Investigaciones Económicas Nacionales
19/08/2014

Incierto Futuro: Más allá de la 4644

 

Algunos de los que se oponen a la Ley de Inversión y Empleo consideran poco probable una pérdida masiva de empleos e inversión a causa de su no aprobación. Tampoco le ven muchas bondades a la referida ley en materia de creación de nuevo empleo e inversión. Aducen que el gobierno trata de asustar con el “petate del muerto” cuando habla de la potencial pérdida de decenas de miles de empleos. Sostienen que se requiere un “acto de fe” para creer las promesas oficiales respecto de la creación nuevo empleo e inversión a raíz de la aprobación de la ley. Aseguran que, salvo en el caso de las industrias del sector de vestuario y textiles, no es cierto que la remoción de los incentivos fiscales a las empresas inscritas en los regímenes 29-89 y 65-89 vaya a provocar despidos masivos de trabajadores y pérdida de inversiones existentes.

Si los críticos tienen razón, daría lo mismo aprobar o no la ley. Ni se perdería inversión y empleo, en caso de no ser aprobada; ni se ganarían, en caso de ser aprobada. La situación seguiría igual que siempre. A lo sumo, después de un tiempo, se podría ver a quien la realidad le dio la razón. Una opción demasiado riesgosa para quienes creen basta con seguir aumentando los impuestos para que Guatemala se desarrolle. Para quienes así piensan, resultaría intolerable que la realidad les mostrará que rebajando la carga impositiva y simplificando la estructura tributaria se puede generar más empleo e inversión. Verificar en la práctica si la inversión se mueve o no hacia donde mejor se la trata.  En el peor de los casos, si la realidad es como ellos dicen, no pasaría nada; en el mejor de los casos, contrario a lo que ellos dicen se crearían nuevos empleos y nueva inversión. Nada se perdería con probar. Salvo, claro está, los ingresos tributarios que se dejarían de cobrar producto de los incentivos fiscales.

Según dicen, el monto del “sacrificio tributario” asciende a cerca de Q 1.3 millardos por año, lo que equivaldría a dejar desfinanciados ciertos programas de educación; el combate contra la desnutrición crónica; cierta atención médica; las inversiones en seguridad y justicia. Destinos de gasto que nadie, en su sano juicio, se atrevería a cuestionar. Sin embargo, no quieren darse cuenta que esa forma de argumentar también descansa en varios “actos de fe” y que, al final de cuentas, no es más que otra forma de asustar con el “petate del muerto”. En poco o nada ayuda a la población que tales Q 1.3 millardos se pierdan en corrupción, desperdicio, inefectividad, pago de favores políticos o malos programas y proyectos, como parece ser el caso en Guatemala desde hace mucho tiempo. El uso de nobles etiquetas para el gasto público no garantiza que los fondos que se asignen a tales destinos serán usados de manera efectiva y eficiente. De no mejorar la efectividad y calidad del gasto público, bien valdría la pena preguntarse si no estaría mejor el país haciendo una apuesta por la inversión y el empleo que malgastando Q 1.3 millardos por año. 

 

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