Escrito por: Verónica Spross
Guatemala, 07 de mayo del 2020
En nuestro país a pesar de que la economía ha crecido a una tasa promedio de 3.5 por ciento en los últimos 20 años, el ritmo al que el empleo crece es insuficiente. En contraste, muchos guatemaltecos encuentran trabajo en los Estados Unidos y envían sus remesas a miembros de sus familias en 2019 representaron el 12 por ciento del PIB. Dicho país es también nuestro principal socio exportador e importador.
Guatemala, al igual que muchos otros países, ha venido impulsando medidas para evitar la propagación del virus y más recientemente para atenuar el impacto del confinamiento sobre la economía. Un reciente estudio del CIEN sobre las medidas adoptadas, enmarcado en la estrategia denominada Recalculando la ruta al desarrollo, concluye que existió una justificación convincente para las medidas iniciales adoptadas por el gobierno de Guatemala en materia sanitaria. Es hasta esta semana en que se han superado los 700 casos confirmados y el número de fallecimientos está cercano a la veintena. El Banco Interamericano de Desarrollo estima que el país se encuentra en una etapa de propagación acelerada, por lo tanto, no se ha alcanzado el pico de la primera ola de contagios y los pasos que se sigan para flexibilizar las medidas de confinamiento deben implementarse con prudencia.
Las medidas para evitar el contagio y minimizar la pérdida de vidas han sido drásticas y aumentaron de manera gradual, y aunque han sido exitosas en su objetivo, pusieron freno a la economía, con las respectivas repercusiones negativas en la producción, inversión, consumo y generación de empleo. Para contrarrestar estos efectos indeseados, se adoptaron medidas para ayudar a las familias y a las empresas.
Se aprobaron subsidios y transferencias monetarias y en especie, entre ellas el subsidio al consumo de energía eléctrica, apoyo alimentario, el Fondo Bono Familia, el Fondo para la Protección del Empleo para apoyar a los trabajadores del sector privado, cuyos contratos de trabajo hayan sido suspendidos. Y, se aprobaron tres fondos para proveer de capital de trabajo a las empresas y el fondo de protección de capitales para otorgar crédito con tasas de interés preferenciales a comerciantes individuales, profesionales, empresas, y cooperativas de ahorro y crédito, un fondo para las Mipymes, el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo para otorgar créditos en condiciones blandas a personas individuales y jurídicas. La mayoría de los programas aún no están siendo ejecutados, aunque se ha anunciado será en los primeros días de mayo en que éstos arranquen.
El estudio del CIEN también señala que la crisis del COVID-19 ha generado mucha incertidumbre, que se refleja en las revisiones a la baja en las perspectivas de crecimiento económico publicadas por diversos organismos internacionales. Dicho indicador ha sido ajustado hacia la baja, a medida que se dimensiona el impacto que el confinamiento está generando sobre distintas actividades económicas; se prevén tasas positivas de crecimiento en el 2021; sin embargo, que ese escenario se haga realidad depende del tiempo que duren las medidas de confinamiento. Las remesas también decrecerán, se perderán empleos formales lo que llevará a un aumento de la informalidad; se prevé un aumento en el déficit fiscal como no habíamos visto en el país; limitaciones para reorientar el presupuesto al combate de la pandemia y deficiencias en la institucionalidad para implementar las respuestas a la crisis.
Todo ello aunado a presiones fiscales en los próximos años nos pone a pensar seriamente en que debemos reinventarnos. Desde la forma de producir, comerciar, brindar servicios o estudiar, todo será distinto. Y, la institucionalidad del Gobierno también deberá ser diferente, es la oportunidad de organizar los sistemas con mayor eficiencia, simplicidad y enfoque en el usuario.
