Ideología, intereses y competencia
6 de marzo, 2018.
Escrito por Hugo Maul R.
Ciertamente, Guatemala y Cuba son los únicos dos países de América Latina que no tienen una Ley de Competencia. No obstante, el hecho que los demás países tengan una determinada institución no justifica que Guatemala deba tenerla, mucho menos si no existen garantías que la referida institución funcionará correcta y justamente. El hecho que Guatemala no tenga una ley de competencia no dice nada acerca del funcionamiento de los mercados, la intensidad y variedad de la competencia, mucho menos acerca del nivel de eficiencia de los mercados. Contrario a lo que creen los críticos del capitalismo, el hecho que no exista una ley de este tipo no implica necesariamente que existan extendidas prácticas anticompetitivas en el mercado; asimismo, contrario a lo que creen los defensores a ultranza de la intervención gubernamental, la ausencia de este tipo de regulación tampoco garantiza que no existan prácticas anticompetitivas en un mercado. Estos son asuntos que, a la luz del intento de regular la competencia, deben ser determinados de forma empírica; justificar este tipo de regulación en función de criterios ideológicos constituye un mal punto de partida.
Además de estos problemas de tipo institucional y legal, hay que agregar la tendencia de economistas y abogados de ver “micos aparejados” en este tema. Como bien dijera Ronald Coase, Premio Nobel de economía, experto en estos temas: cuando “un economista encuentra un comportamiento de mercado que no comprende, siempre busca una explicación monopólica”. Dada la poca comprensión del fenómeno de la competencia en la actual propuesta de ley, la cantidad de potenciales prácticas de mercado prohibidas que podrían encontrar quienes tengan a cargo hacer funcionar esta ley es ilimitado. La existencia de prácticas anticompetitivas es algo que debe determinarse empíricamente y no asumirse como el punto de partida para justificar la necesidad de la intervención gubernamental para promover la competencia.
En países como Guatemala, en donde los sistemas de información económica sectorial son muy débiles o inexistentes y en donde la información de ese tipo es escasa, sesgada y fragmentaria, es bastante probable que los procesos de investigación de una autoridad de competencia terminen siendo inspirados en puras razones ideológicas. Sobre todo, cuando se considera el nivel de polarización política existente, la falta de recursos humanos especializados y la poca investigación aplicada en este sentido. En países que carecen de instituciones fuertes, donde la independencia judicial está cuestionada, el servicio público tiene bajo niveles de profesional, este tipo de regulación puede convertirse en el mejor catalizador de actos arbitrarios, abusos y corrupción En palabras de otro conocido experto en esta materia, el Profesor B. Klein, de la Universidad de California en Los Ángeles, lo único seguro de este tipo de regulación es que “terminará enriqueciendo a los abogados y economistas que promueven este tipo de temas”.
