El CIEN – Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, como brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala – FUNDESA presentaron el día de hoy el Índice de Denuncias de Delitos – IDD y el tema del mes Cambios Recientes de la Narcoactividad en Guatemala.
Walter Menchú, investigador del CIEN presentó que “en marzo, la tasa interanual de homicidios por cada 100 mil habitantes aumentó ligeramente de 15.2 a 15.4 y la cantidad mensual de homicidios se mantuvo por arriba de 200.” Señaló además, que “entre enero y marzo de 2021 comparado con el mismo período del año anterior hubo 50 homicidios más en el departamento de Guatemala y 25 más en Escuintla” y añadió “es importante que las autoridades implementen estrategias focalizadas en áreas priorizadas para combatir este delito, poniendo atención especial en municipios como Mixco y Tiquisate, que muestran una tendencia alarmante al alza en violencia homicida en el primer trimestre del año. También, es urgente reducir las extorsiones, pues las denuncias por este delito han registrado un aumento sostenido en los últimos tres meses, alcanzando la cifra de 1,343 en marzo”.
El análisis sobre los cambios recientes de la narcoactividad en Guatemala fue presentado por Ronaldo Leiva, consultor del CIEN, quien indicó que “aunque el país actualmente no es un gran productor de drogas ilícitas, está en medio de los países productores de cocaína en Suramérica y uno de los mercados de consumo más grande de drogas (Norteamérica), por lo cual es una vía importante para su tráfico” y explicó que ”en el primer trimestre de 2021 solo se han incautado 643 kilos de cocaína y el 78% de este total fue incautado vía marítima; se detectaron seis aeronaves en vuelos ilícitos y se destruyeron siete pistas de aterrizaje; mientras que en el primer trimestre de 2020 se había incautado 2,391 kilos de cocaína y 12 aeronaves.” El consultor puntualizó que “una forma de actuar que preocupa es la creciente tendencia de personas de algunas comunidades quienes han confrontado abiertamente a las fuerzas de seguridad para evitar que lleguen a los lugares donde se cometen ilícitos: hubo seis incidentes de este tipo en el primer trimestre de 2021, mientras que en el mismo periodo en 2020 fueron solamente tres.”
Leiva advirtió que “la ausencia de instituciones del Estado permite que miembros del crimen organizado aprovechen la necesidad de los pobladores para coaccionarlos a cometer hechos ilícitos y entorpecer la labor de las autoridades” y concluyó que “en base al análisis realizado, se recomienda combatir la narcoactividad con una Política de Estado que contemple integrar los componentes y contenidos vigentes en las acciones de reducción y control de la narcoactividad en Guatemala. Debe lograrse la coordinación interinstitucional entre el MINGOB, MINDEF, MP, SECCATID, MSPAS, SAT, SIB y otras instituciones de desarrollo – dirigidas al más alto nivel – y armonizar con la cooperación internacional, regional y con las agencias norteamericanas (DEA, INL y otras), como una complementaria y significativa fuente alternativa de recursos. Con base en un plan multianual, los recursos financieros necesarios para la implementación de esta política (equipo, personal y otros) debe priorizarse, para frenar con éxito el avance de la narcoactividad en el país”.
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