La Coalición por la Seguridad Ciudadana y el CIEN presentaron el Índice de Denuncias de Delitos IDD con datos a septiembre 2019, junto con el tema del mes Certeza Jurídica y Seguridad Ciudadana.
«Respecto al IDD, cabe notar que es el segundo mes que aumenta levemente el sub índice de denuncias de delitos contra el patrimonio, especialmente por el alto número de denuncias por extorsiones» comentó Walter Menchú, analista del CIEN. «También, resalta que de enero a septiembre 2019 se han salvado 173 vidas más que en el mismo período de 2018, ya que bajó la cantidad de homicidios y también la tasa de homicidios inter anual por cada 100 mil personas muestra nuevamente tendencia a la baja.»
En cuanto al tema del mes, el investigador del CIEN David Casasola compartió una radiografía de la situación general de la población guatemalteca en las áreas urbanas comparado con las áreas rurales, basado en indicadores de pobreza extrema, ocupación laboral, ingresos y, calidad educativa, además de mostrar cómo los recursos dentro del Presupuesto del Estado a pesar de haber incrementado el monto dedicado a las prioridades de Educación y Salud, no llega a los más necesitados dado que los pactos colectivos drenan los recursos en el MINEDUC, MINGOB y MSPAS.
«Es urgente que este fenómeno que se explicó anteriormente, donde los recursos limitados del Estado terminan en manos de pocos actores que logran hacer un negocio basados la conflictividad, en detrimento de las necesidades de la población más alejada en las áreas rurales, por ejemplo, se logre frenar» comentó Francisco Quezada, investigador del CIEN y concluyó que «se debe promover un modelo de desarrollo económico y social que priorice solucionar las necesidades básicas de los guatemaltecos, así como focalizar el gasto público en las necesidades prioritarias. Además, es urgente que exista certeza jurídica para promover el bien de todos los guatemaltecos, por lo cual se recomienda reglamentar el Convenio 169 de la OIT y revisar la instrucción 03-2012 del Ministerio Público con vistas a impedir que la «conflictividad» se vuelva «criminalidad» y atente contra la seguridad nacional.»
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