Escrito por: Hugo Maul Rivas
Guatemala, 02 de noviembre del 2021
Según el análisis del CIEN sobre el proyecto de presupuesto público para 2022, en el proyecto de presupuesto público para 2022 se contempla financiar “Q6 mil 368.5 millones de gastos de funcionamiento con colocaciones internas y préstamos externos, que incluyen Q304.3 millones para pago de remuneraciones. Según esta misma fuente, “el saldo de la deuda pública se incrementó significativamente en el ejercicio fiscal 2020… (y) es preocupante que una parte del incremento de la deuda pública fue para financiar un incremento de la masa salarial y que corresponde a un gasto permanente”. Nada nuevo bajo el sol, salvo por la magnitud del problema; desde hace un tiempo se recurre al endeudamiento público para financiar gastos corrientes, en lugar de restringir su uso a proyectos de inversión, tal como la legislación específica en la materia lo establece. Según la referida fuente, “se sigue utilizando la Ley anual del presupuesto para legislar excepciones a otras leyes como… la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley de Contrataciones y la Ley de Servicio Civil”, estableciendo que “los recursos provenientes de la colocación de bonos del Tesoro… (que se utilicen) para financiar gastos de funcionamiento se exceptúan de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto”. Artículo que, en la parte conducente, establece que “no se podrán realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes u operativos”.
Dejando estos legalismos de lado, ya que no es esta la primera ni será la última vez que se utilicen estos subterfugios legales, el problema de utilizar el endeudamiento para financiar gasto corriente es que este tipo de gastos poco o nada tienen que ver con la capacidad futura del país para hacer frente al servicio de la deuda. “Pan para hoy, hambre para mañana”, en palabras sencillas de entender. A riesgo de ser malinterpretado, y con sobrada razón, dados los problemas de corrupción que rodearon los grandes proyectos de inversión pública a finales de los años setenta y principios de los ochenta, haber endeudado al país para construir una obra de infraestructura como Chixoy tenía mucho más sentido que haberlo endeudado para pagar gastos corrientes. Pragmáticamente hablando, el problema no radica en los altos niveles de endeudamiento, sino en el pobre uso que se hace de estos recursos. Cuánto endeudamiento público puede el país soportar depende, en última instancia, de cómo esos recursos coadyuven a aumentar la productividad, el crecimiento económico, los salarios, la inversión, la expansión de la infraestructura digital, la adaptación al cambio climático, etcétera. En ausencia de una certeza mínima de esto, más endeudamiento público es sinónimo de finanzas públicas ruinosas en el futuro cercano.
