Escrito por: Verónica Spross
Guatemala 13 de febrero del 2020
Qué tan libre es un país que en el ámbito económico tiene un impacto fuerte sobre los índices de desarrollo y sobre el bienestar general de los ciudadanos. En la región centroamericana se dan pasos tambaleantes hacia la libertad económica, en una ruta plagada de retrocesos que impiden que se alcance el potencial del crecimiento económico que se podría lograr con políticas económicas sostenidas y bien orientadas. Guatemala no es la excepción, pues aunque algunos años avanza un poco, en otros retrocede como el cangrejo.
El Índice de Libertad Económica en el Mundo, iniciativa del Instituto Fraser, permite evaluar los avances de los distintos países en un indicador que permite conocer sus resultados en cinco áreas: Tamaño del gobierno, Sistema legal y derechos de propiedad, Acceso a una moneda estable, Libertad al comercio internacional y Regulación de los mercados de crédito, trabajo y empleo. Cada área tiene subcomponentes que reciben una calificación.
En el área referida al tamaño del gobierno se incluyen temas como el presupuesto del Gobierno y la forma cómo se toman las decisiones políticas. Los países que tienen menor gasto público y menores tasas marginales de impuestos menores salen mejor posicionados. La segunda área se refiere al funcionamiento del sistema de justicia y la defensa de los derechos de propiedad, que son funciones clave del Gobierno. La estabilidad monetaria se evalúa en la tercera área así como la existencia de inflación que erosiona el poder adquisitivo del dinero. Otra área evalúa la posibilidad de comerciar sin barreras y la quinta aborda la regulación, que regula la operación de las empresas.
En los resultados del Índice 2019 la mayoría de los países de Centroamérica denotan un retroceso. La Alianza para Centroamérica y diversos centros de investigación, entre los que se encuentra el CIEN, analizaron los casos de las naciones del Istmo. Guatemala destaca por la libertad comercial, aunque en varias categorías denota retrocesos o estancamiento.
Y, aunque el tamaño del gobierno es relativamente pequeño en nuestro país, ha crecido la cantidad de empleados públicos desde finales de la década de 1970. Ha aumentado el número de entidades de Gobierno encargadas de distintas funciones sociales; ante la ineficiencia de ciertas dependencias se crean otras como fue el caso de los fondos sociales, sin que necesariamente se cerraran las instancias ineficientes. Además, el clientelismo político ha cobrado su factura en un Gobierno con excesivo personal y costosas planillas, que absorben los presupuestos de los ministerios sin permitir la inversión en infraestructura o programas y servicios que debiera proveer el gobierno o que se esperaría lleguen a la población vulnerable y no llegan de forma efectiva.
Adicionalmente se carece de una buena ley de servicio civil que favorezca la meritocracia como el principio fundamental que rija la gestión del recurso humano de todas las instituciones del país, lo cual redunda en una limitada capacidad de planificación, así como ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación de políticas, programas, proyectos y planes de las entidades públicas.
El estudio indica que en Guatemala solamente uno de cada 20 guatemaltecos encuentra un empleo formal debido a los altos costos del mercado laboral que dificultan y encarecen las actividades productivas, a la par de los problemas de seguridad y justicia que impactan negativamente la libertad económica en el país. Ahora, con un Gobierno que tiene clara la importancia de promover la competitividad del país y alinear los distintos componentes, esperamos que Guatemala logre escalar posiciones especialmente en cuanto al funcionamiento del sistema de justicia y defensa de los derechos de propiedad, a la par de la mejora en las regulaciones que enfrentan las empresas. Más libertad económica llevará a mayor crecimiento, más empleos, mejores ingresos y prosperidad para las familias.
