A nivel global, Guatemala ocupa el lugar 56 de 89 países, con una calidad de gobernanza de los recursos naturales.
07 de agosto del 2018
Escrito por Hugo Maul R.
La situación que vive la actividad minera en el país es tan solo la punta del iceberg de toda la problemática detrás de la explotación de recursos naturales, construcción de grandes proyectos de inversión y agricultura en gran escala. Sectores que, en menor o mayor medida, sufren de la incapacidad del Estado para ofrecer certeza jurídica a las inversiones en materia de cumplimiento de las leyes ordinarias, alcance de las decisiones administrativas y límites jurisdiccionales. En otras palabras, la ausencia de un marco de reglas del juego estables claras, sencillas y coherentes, sumado a la poca o nula capacidad del Estado para hacer cumplir las obligaciones y derechos que se derivan de este marco normativo. En pocas palabras, la ley de la selva: que se salve el que pueda. Situación poco propicia para el desarrollo del país, ya que como lo demuestra la experiencia, así como es sumamente importante contar con marcos normativos propicios para el desarrollo, también es importante que estos se hagan cumplir y que los actores involucrados, sean estos empresarios, burócratas, sociedad civil o comunidades, se comporten de acuerdo a lo que estas normas indican.
En tal sentido, los resultados del Índice para la Gobernanza de los Recursos Naturales, que se especializa en la gobernabilidad de los recursos asociados a la minería metálica, el petróleo y el gas, resulta particularmente preocupante para Guatemala. Sobre todo, cuando los resultados agregados del país dentro de este índice se analizan a nivel de la región latinoamericana: de 14 países de la región, Guatemala se encuentra en el lugar 12; superando solamente a Cuba y Venezuela. A nivel global, Guatemala ocupa el lugar 56 de 89 países, con una calidad de gobernanza de los recursos naturales similar a la de países africanos como Etiopía y Nigeria. Más allá de estas comparaciones entre países, que únicamente sirven para ejemplificar que el hecho de estar en América no implica que se puedan tener estándares africanos, lo más grave de todo son los resultados específicos dentro de este índice en lo que se refiere al ambiente institucional dentro del cual se desarrollan las actividades intensivas en el uso de recursos naturales; en lo que a fortaleza del Estado de Derecho se refiere, Guatemala ocupa el lugar 64 de 89 países; efectividad gubernamental, lugar 57; control de la corrupción y ausencia de violencia y estabilidad política, lugar 49. Un estado de cosas poco conducente para proyectos de inversión en todas las actividades que, de una manera u otra, se relacionen con la explotación de recursos naturales o que involucren en su operación a los mismos actores que las primeras.
