29/09/2015

Gasto Público: Gato por Liebre

Durante décadas se nos ha hecho creer que la baja carga tributaria es el “Talón de Aquiles” de las finanzas públicas, la gobernabilidad y la estabilidad económica. Bajo esta doctrina, se viene justificando una reforma tributaria tras otra, sin que ninguna de ellas termine siendo suficiente para
financiar los crecientes compromiso de gasto público. Cada una de ellas se ha realizado bajo la
presunción que los recursos adicionales provenientes de las mismas se convertirán, automática e
inmediatamente, en más y mejor infraestructura, mejores servicios públicos y mayor desarrollo
social. Cuestiones que, como bien saben todos los guatemaltecos no ocurren en la realidad,
aunque cada vez se transfiera a manos del sector público una mayor fracción de los ingresos de los
guatemaltecos. Bajo esta perversa lógica, sin importar cuál sea el nivel de la recaudación en un
momento determinado, el nivel de gastos existentes nunca será suficiente para hacer frente a los
males que, supuestamente, debería ayudar a mitigar.

Este círculo vicioso ha provocado que la recaudación tributaria siempre resulte ser insuficiente para
hacer frente a los elevados gastos en remuneración de personal, que no tiene su origen en
consideraciones de eficiencia, mérito o desempeño de los empleados públicos, sino en la
contratación indiscriminada y los incrementos salariales vía negociación de pactos colectivos; para
hacer frente a las crecientes presiones de gasto derivadas de la expansión de programas sociales de corte clientelista; para hacer frente al gasto en obra pública ejecutado por medio de vía
ineficientes, inefectivos y opacos esquemas de ejecución. Es así como casi nunca se discute cómo
el gasto en personal, el principal rubro de gasto dentro del presupuesto público, contribuye a
generar bienes y servicios públicos valiosos para la población. Mucho menos, el impacto sobre los
indicadores sociales de esquemas de ejecución como los fondos sociales, las secretarías, los
fideicomisos y los programas sociales.

En general, se pretende hacer creer a la población que el problema es de falta de fondos, no de la
efectividad, eficiencia y honradez con la que se manejan los mismos. Una triste realidad que vuelve a repetirse en el debate que ha surgido en torno a la aprobación del Proyecto de Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Estado 2016. Nuevamente, poco a poco, cobra fuerza el argumento que el
principal problema del país es la reducida carga tributaria y la consecuente incapacidad del
gobierno para poder gastar en seguridad, infraestructura, educación y salud. Los defensores de
esta tesis, incluidos algunos vociferantes funcionarios de organismos internacionales, nada dicen
de la eficiencia y eficacia del gasto público, mucho menos de los elevados niveles de corrupción en
la ejecución del gasto. Pretender reducir toda la problemática fiscal al de una supuesta baja carga
tributaria equivale a convertirse en cómplice de todos los vicios alrededor del gasto público que
ahora han salido a la luz pública.

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