Finanzas Públicas y Pacto Fiscal – CIEN – Centro de Investigaciones Económicas Nacionales
09/02/2016

Finanzas Públicas y Pacto Fiscal

Las finanzas públicas nacionales se encuentran ya en medio de un complicado episodio, no hay
necesidad de hacer más difícil el complicado panorama. Se sabía bien que los primeros meses de
la nueva administración iban a estar marcados por problemas de flujo de efectivo, en términos
prácticos “no les dejaron nada”. Se sabía también que no se podría rescatar institucionalmente a la
SAT de la noche a la mañana, las dificultades técnicas y políticas asociadas con esta
reestructuración conllevan largos y costosos procesos de negociación. Asimismo, aunque se sabía
lo oneroso que resultan para el Estado ciertos pactos colectivos y contratos de suministro de
bienes, no es posible reformar este tipo de instrumentos jurídicos de un plumazo. Por si fuera poco,
los usuales “salvavidas” no están a la mano esta vez; los organismos internacionales, por obvias
razones, están tomándose su tiempo antes de entrar al rescate.

Una difícil situación en la cual existe poco margen de maniobra para la administración actual y que
requiere una acción concertada por parte de los principales actores políticos y económicos del
país. Si bien puede resultar prematuro, y, para algunos, hasta anacrónico, hablar del Pacto Fiscal,
no puede negarse que es mucho más sano y productivo discutir los problemas de las finanzas
públicas dentro de un marco de referencia de este tipo que hacerlo de manera aislada y
fragmentaria. En ese sentido, el referido pacto, constituía un “acuerdo nacional sobre el monto,
origen y destino de los recursos con que debe contar el Estado para cumplir con sus funciones,
según lo establecido en la Constitución Política de la República y los Acuerdos de Paz. Implica
acuerdos nacionales sobre el estilo de sociedad que se desea construir y sobre principios y
compromisos recíprocos del Estado y de los ciudadanos y ciudadanas acerca de los temas de
política fiscal… el Pacto Fiscal implica asegurar suficientes recursos para el Estado, de manera que
pueda contribuir a crear las condiciones que permitan que todos los guatemaltecos y
guatemaltecas puedan dejar atrás la pobreza y beneficiarse de los frutos del desarrollo… también
implica contribuir a la estabilidad macroeconómica mediante un equilibrio de los ingresos y gastos
del Estado y permite definir una política fiscal de largo plazo con visión de país, que reducirá la
incertidumbre mediante la definición de reglas claras y estables”.

A muchos podrá disgustarle la referencia a los acuerdos de paz; a otros la referencia al equilibrio
entre ingresos y egresos; a otros más la mención de las brechas sociales; o bien, la referencia a la
estabilidad macroeconómica. Puede ser que tengan razón o que no la tengan, pero lo cierto es que
resulta mejor tener un marco de referencia como el del Pacto Fiscal a continuar con la tendencia
actual en donde no existen criterios claros ni integrales para juzgar la bondad de las propuestas en
materia fiscal. Para muestra basta ver lo que está sucediendo con la nueva ley para la juventud y la
forma en que piensan financiar el incremento del gasto.

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