07/12/2021

Esperar sin esperanza

Escrito por: Hugo Maul Rivas

Guatemala, 07 de diciembre del 2021

El mal llamado Bono de la Esperanza permite comprobar, una vez más, que “de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”. Dándoles el beneficio de la duda a los ponentes de esta iniciativa, queda comprobado una vez más que de nada sirven los buenos propósitos si no se transforman en obras concretas. En tal sentido, dejar miles de millones de quetzales en manos de un institución que ha sido criticada en extremo por su reconocida inefectividad, falta de independencia respecto de intereses partidarios y serias dudas en el honesto manejo de los recursos, constituye un grave error de apreciación. La fiscalización financiera de dichos fondos por parte de la Contraloría es un requisito mínimo y a todas luces insuficiente para asegurar que los beneficios de dicho bono realmente se materialicen. Olvidan los ponentes de la referida iniciativa que “el diablo está en los detalles”: asegurar los recursos financieros es la primera de una larga cadena de acciones que se requieren para lograr los cambios deseados en la población objetivo. Es fácil hablar de “controles médicos, verificaciones periódicas de peso y talla y asistencia regular a los centros educativos”, otro asunto muy distinto que las instituciones a cargo de ejecutar este tipo de tareas presten sus servicios de manera efectiva, oportuna, regular y ordenada a las población beneficiaria.

Lo más grave de todo es que no se identifican las circunstancias concretas que provocan las brechas en materia de educación, salud y nutrición que se quieren resolver con este bono. En palabras del Análisis del Bono Familia que el CIEN hiciera hace una año (https://cien.org.gt/wp-content/uploads/2020/12/Documento-Analisis-Fondo-Bono-Familia.pdf): “a) no se tiene claridad respecto de cómo se produce el problema y por lo tanto no se puede saber cuál es la mejor intervención para resolverlo; b) se desconoce si existían otras causas preexistentes que afectaran la posible efectividad de la intervención implementada… y c) no hay indicadores de magnitud y tiempo asociados al problema ni a los factores causales”. Por si esto fuera poco, para que este tipo de programas funcione adecuadamente se requiere bases de datos actualizadas y robustas con información suficiente para verificar los criterios de elegibilidad de forma dinámica. Sobra decir que la mayoría de los registros administrativos dentro del sector público poseen información incompleta, desactualizada, carecen de cobertura nacional o no registran los atributos que interesan. No se diga nada acerca del absoluto silencio en cuanto a la rendición de cuentas acerca del uso de estos fondos por parte de las instituciones involucradas. Bien dicen que el “infierno es esperar sin esperanza”.

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