Escrito por: Hugo Maul Rivas
Guatemala, 24 de marzo del 2020
Hoy hace 38 años, 1982, probablemente muchos trabajadores y empresarios se hacían preguntas similares a las que se hacen hoy: ¿cuándo saldremos de esta situación? ¿cuándo se podrá regresar a trabajar normalmente? ¿en qué momento se sabrá con certeza el nuevo rumbo que tomará el país? ¿puede hacer frente la economía del país y las finanzas públicas del gobierno a los retos que conlleva esta crisis? En aquel entonces, la incertidumbre era producto del Golpe de Estado perpetrado por un grupo de militares el día anterior, 23 de marzo de 1982; hoy, guardando las distancias y las proporciones, por la crisis económica que se está cocinando rápidamente a causa de las medidas sanitarias necesarias para hacer frente al COVID-19. A diferencia de aquel entonces, el país afronta ahora el reto de preservar los empleos y los salarios de los trabajadores formales existentes, así como la capacidad de consumo de estos trabajadores y los informales. Según los datos del IGSS, durante el año 2018 se pagaron más de Q72 millardos por concepto salarios en el país. Es decir, un poco más de Q6 millardos que mes a mes, en su mayoría se convierte en demanda efectiva de bienes y servicios por parte de los hogares guatemaltecos. Cada día que pasa sin que la gran mayoría de los trabajadores formales regrese a trabajar se dejan de gastar, en promedio, cerca de Q200 millones. De esa cuenta, sacando del cálculo los salarios que sí están recibiendo los trabajadores de los sectores exceptuados del pago, las dos semanas de paro obligatorio por razones sanitarias tendría un costo potencial aproximado de Q2.5 millardos en salarios no pagados.
Por de pronto, ante la posibilidad que el confinamiento voluntario tenga una duración de quince días, la inmensa mayoría de empresas que generan estos empleos formales decidieron, de una manera u otra, hacer el esfuerzo por mantener a sus empleados dentro de las planillas, para cuando la situación se normalice. ¿De dónde salen los recursos para este propósito? ¿Por cuánto tiempo más pueden las empresas mantenerse cerradas y seguir afrontando estos gastos? Preguntas difíciles que ameritan respuestas que hoy no se tienen dada la incertidumbre reinante. Lo único cierto parece ser que cada empleo que se pierda será muy difícil recuperarlo. En momentos como este es cuando se justifican medidas transitorias, desde lo público y lo privado, para mantener la capacidad productiva y el empleo en el país. Medidas que, inevitablemente, pasan por compartir la carga del choque negativo que el país está sufriendo entre patronos, Gobierno y trabajadores; en caso contrario, lo que podría haber sido una “gripona” económica podría convertirse en un grave neumonía que ponga en riesgo grave al país. Es preciso reaccionar antes que sea demasiado tarde.
