03 de octubre de 2018
Escrito por: David Casasola
En Guatemala existen muchos retos que enfrentar para alcanzar una mejora sustancial en la calidad de vida de sus habitantes. Sin restar la importancia que merece la lucha contra la corrupción y la consolidación de un modelo bajo el cual ésta se erradique, persisten otros desafíos dentro del sistema de la justicia criminal que ameritan una atención especial. Es clave desarrollar estrategias e implementar acciones encaminadas a reducir los elevados niveles de impunidad en el país. A través del proyecto del Flujograma de la Justicia Criminal, que desarrolla el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales -CIEN- gracias al apoyo de la iniciativa Mejoremos Guate, es posible construir indicadores que miden el desempeño del Sistema de Justicia Criminal y de las instituciones que lo conforman. Con el propósito de identificar necesidades de mejora y para cuantificar el resultado que producen determinadas reformas.
La forma cuantitativa de medir el desempeño del sistema es a través de la eficiencia global, que muestra una relación entre los casos que han salido de forma definitiva del sistema en un año determinado (a través de sentencias, terminación por vías alternas, desestimaciones, entre otros), expresados como una razón del total de casos que ingresaron en el año analizado más aquellos que en años anteriores no hayan sido resueltos. La eficiencia global ha experimentado mejoras pues en el año 2014 se ubicaba en 13.6%. Es decir, de cada 100 casos que se encontraban en el sistema se le daba salida sólo a 14. En 2017 la eficiencia global mejoró y se colocó en 26.6%, experimentando un crecimiento acumulado de 95.6%. A pesar de la mejora, los niveles de eficiencia del sistema de justicia criminal siguen siendo bajos, al considerar que más del 73% de los casos delictivos no se resuelven. Cifras recabadas por el Sistema Integrado de Justicia estiman que los casos que son resueltos, permanecen en promedio 900 días en el sistema.
Para elevar la eficiencia del sistema de justicia es necesario dejar por un lado soluciones sobre simplificadas. Duplicar o triplicar la asignación presupuestaria de una o dos instituciones del sistema no duplicará o triplicará su eficiencia. El desafío es identificar instancias de coordinación entre las instituciones que forman parte del sistema de la justicia criminal, en donde se desarrollen planes estratégicos para liberar los principales cuellos de botella del sistema. Que estén atados a indicadores puntuales de desempeño para asegurar un uso eficiente de los recursos financieros. Esta labor requiere un compromiso permanente de parte de las máximas autoridades al frente de las instituciones de seguridad y justicia. La situación actual del país demanda compromisos y esfuerzos sostenidos para construir una mejor Guatemala. Sin embargo, es importante tener presente que queda mucho camino por recorrer y lograr un sistema de justicia criminal eficiente es imperativo.
