El viernes pasado muchos guatemaltecos con gran indignación se pronunciaron en las redes sociales respecto a la violencia contra la mujer, especialmente por cinco homicidios de mujeres cometidos en un solo día. Definitivamente no debemos tolerar la muerte violenta de nadie.
Los ciudadanos juntamente con sus autoridades han realizado esfuerzos para que en los últimos años baje el número de homicidios, disminuyan los delitos y exista más seguridad.
Durante más de cinco años el CIEN elabora el índice sobre denuncia de delitos (IDD) que toma las denuncias de delitos contra las personas (homicidios, lesiones, violaciones y secuestros) y delitos contra la propiedad (extorsiones; robo de vehículos, motocicletas, furgones de mercadería y de viviendas).
Cuando se analiza el año 2020, hubo una mejora significativa en las tasas de las denuncias, ya que bajaron en 11 meses y sólo en octubre aumentaron. Los homicidios, al igual que las denuncias de los otros cinco delitos (lesionados, violación, extorsión, robo de vehículos y de motocicletas) disminuyeron. Solo se incrementaron las denuncias por secuestro, por robo de furgones con mercadería y a viviendas.
Hubo mil homicidios menos comparados con el año anterior, lo cual es positivo, pues cada vida es valiosa. Es de recordar que en el año 2009 Guatemala llegó a ser uno de los países con mayor tasa de violencia homicida en el mundo con 46.4 por 100 mil habitantes -un total de 6,478 (18 personas diarias). El año pasado el número de homicidios se redujo casi a la mitad 2,217 hombres y 360 mujeres -un total de 2,577-; con una tasa de 15.3 por 100 mil habitantes. Se debe continuar los esfuerzos para reducir la tasa de homicidios, la cual para 2020 fue 6.2 puntos menos (15.3 comparado con 21.5 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2019). Hay 10 departamentos que registraron tasas menores a 10 y en 93 municipios no hubo homicidios. Es de señalar que en 18 municipios se cometieron la mitad de todos los homicidios; especialmente en Guatemala, Escuintla, Izabal y algunas cabeceras departamentales. Contar con información actualizada es crucial para las autoridades, quienes pueden implementar estrategias para contener este flagelo.
Durante el año 2020, se develó como parte de la estrategia de seguridad pública del Presidente de la República, la utilización de la Ley de Orden Público como apoyo a su cometido. En efecto decretó siete Estados de Prevención y dos de Sitio, para lo que también corrieron dos Estados de Calamidad fundamentalmente por los efectos de la pandemia COVID-19 y la depresión tropical ETA.
Para este año debe trabajarse con las garantías constitucionales plenas. Y, para lograr mayor seguridad, CIEN recomienda fortalecer al Ministerio de Gobernación -MINGOB- y en especial a dos instituciones claves: la Policía Nacional Civil -PNC- y el Sistema Penitenciario -SP-. En el caso de la policía se pudo observar que el año pasado hubo tres directores generales y que el número de elementos bajó a 37,968 elementos. Lamentablemente por la pandemia no funcionó en su totalidad la academia. Sin embargo, se graduaron 395 elementos de la Escuela de Formación de Oficiales y se aumentaron los patrullajes en 50%.
Lo que se busca a largo plazo es abordar una reforma estructural de la institución, desde el diseño de los perfiles de ingreso y egreso de la academia, una sólida formación inicial, una planificada capacitación y evaluación durante el servicio, concursos para ascensos objetivos y competitivos, y el soporte financiero y previsional para los agentes de la PNC. Debe evitarse la improvisación, la discrecionalidad y advertir a los interesados con antelación para que planifiquen.
En relación con el SP la visión general es contar con un sistema ordenado y modernizado, que cumpla con su función de resguardo seguro y rehabilitación de los privados de libertad, y cuya reforma integral esté encaminada con la implementación de un nuevo modelo de gestión penitenciaria.
Hacia finales de 2020 la población privada de libertad era de 25,335 personas, lo cual representa una tasa de ocupación del 372% de las instalaciones penitenciarias. La escasez de espacio y servicios, derivan en malas condiciones de vida y hacen necesario la creación de infraestructura adicional. En abril del 2020, el Congreso de la República aprobó el préstamo para el Fortalecimiento del Sector Justicia del Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-, parte del cual está destinado para la construcción de prisiones. Es positivo que el ya se creó la unidad ejecutora para el préstamo, e inició funciones este año, con lo cual se encamina la creación de nuevos espacios físicos. Se recomienda que estas prisiones se administren con el nuevo modelo de gestión.
Se requiere contar con la carrera del agente penitenciario y mejorar los controles internos; de hecho, según un estudio del CIEN del año pasado la mayoría de las llamadas de extorsiones salen de los centros carcelarios (90%) y son llevadas a cabo por imitadores (80%).
Ahora bien, para reducir la criminalidad es importante la coordinación entre las autoridades, e institucionalizar estrategias para combatir la delincuencia. Debe reducirse la alta rotación de funcionarios en el MINGOG, así como optimizar la recopilación de datos y su análisis, para continuar mejorando la seguridad de todos los guatemaltecos. Las encuestas de victimización deben realizarse periódicamente para conocer no solo las denuncias, sino contar con información real y la percepción de la gente. ¿Percibe más o menos seguridad que años anteriores? ¿Cómo fortalecer las instituciones? ¿Qué puede hacer usted para combatir la delincuencia?
