Escrito por: Hugo Maul Rivas
Guatemala 28 de enero del 2020
Mientras se decide “si son peras o son manzanas” los resultados del Censo de Nacional del Recurso Humano, bien hace el Presidente en mostrar públicamente su enfado respecto de la potencial proliferación de plazas fantasmas dentro del Ejecutivo. El simple hecho de anunciar que cada servidor público debe presentarse ante las autoridades respectivas a identificar su puesto, explicar sus funciones y recoger su cheque puede ser razón suficiente para que muchos impostores, mediante su incomparecencia, revelen la naturaleza fraudulenta de sus contrataciones. Los resultados de las primeras experiencias en el uso de este mecanismo, sobre todo si se acompaña de la persecución legal del abuso, puede generar un sano efecto de demostración hacia el resto del sector público. Muchas personas que se benefician de esta práctica abusiva, probablemente, desistan voluntariamente de seguir incurriendo en la ilegalidad ante la posibilidad de ser detectadas y sancionadas; funcionarios de alto nivel, por cuyas mentes haya pasado la intención de sacar beneficio de la misma, posiblemente se abstengan de realizar contrataciones fantasma. Cuán factible y efectivo resulte ser este mecanismo para detectar la prevalencia de este mal dentro del sector público es otro asunto.
Al final de cuentas, la proliferación de las “plazas fantasmas” apunta hacia un fallo sistémico de la administración pública. Resulta muy difícil, sino imposible, determinar cuántas personas deberían trabajar dentro de una organización, pública o privada, si no existen objetivos claros ni indicadores de resultados precisos y medibles; no se cuenta con modelos operativos optimizados para la prestación de los servicios; no existe un mecanismo independiente que permita verificar el cumplimiento de los resultados; y si quienes dirigen la organización no están dispuestos a adoptar las medidas correctivas. De esa cuenta, el uso del mecanismo propuesto es probable que ayude a reducir la cantidad de plazas fantasmas, pero no las plazas abiertamente improductivas. Contrataciones que, aunque sean legales, tienen el mismo impacto sobre la capacidad productiva del sector público que las fantasmas: ninguno. Tal y como el mismo Presidente ha evidenciado sucedía en la SAAS. Lamentablemente, ni el Censo ni los mecanismos anunciados para combatir las plazas fantasma aportan mayor cosa para combatir el problema de las plazas improductivas. El cambio de actitud por parte de la Presidencia es bienvenido, sin embargo, resulta insuficiente para resolver el problema de la proliferación de contrataciones que nada aportan para mejorar el funcionamiento del sector público; un problema que, probablemente, sea tanto o más más grave que el de las plazas fantasma para el presupuesto y el efectivo funcionamiento del sector público.
