02/12/2013

El desafío de reformar la Ley Electoral

A pesar de una extendida interpelación y de múltiples tropiezos, el Congreso de la República lleva aprobadas trece nuevas leyes durante el presente año.

Llama la atención que al finalizar el segundo semestre, y con temas tan complejos por discutir antes de que termine el período ordinario de sesiones (como la aprobación o no de préstamos y del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2014) el Congreso se haya propuesto aprobar como prioridad nacional un paquete de reformas de lo más variado y no necesariamente consensuado, a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.   

El último evento electoral del año 2011 –que no ha concluido en definitiva al existir casos todavía no resueltos por el Tribunal Supremo Electoral- dejó muy claro que es necesario mantener una sana y madura discusión en torno al sistema electoral guatemalteco, por ser un proceso constante, vivo, que evoluciona. Para ello, el mejor momento para la discusión y aprobación de reformas es cuando se esté más alejado de un evento electoral.  Pero además de una discusión en el tiempo adecuado, es importante partir de un acuerdo o consenso mínimo de los temas prioritarios que deben discutirse en cada ciclo de reformas.  

En la Comisión Específica de Asuntos Electorales del Congreso de la República se tuvo a discusión propuestas de reformas planteadas por el Tribunal Supremo Electoral, el dictamen de la iniciativa 3826 y el dictamen de las iniciativas 4443 y 4535.  Ante las variadas propuestas de reforma, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo –ATAL- se dio a la tarea de estudiar las propuestas, identificar las prioridades y los consensos entre las diversas iniciativas y proponer una reforma mínima a la Ley Electoral, pero que también responda a las necesidades urgentes de cara al próximo evento electoral.

La reforma mínima consiste en fortalecer la viabilidad del proceso electoral (tiempos adecuados para organizar eficientemente el evento electoral; un límite cierto al número de diputados respetando la norma constitucional; certeza respecto a la constancia de la Contraloría General de Cuentas; aclarar conceptos como proselitismo y propaganda electoral; mejorar la eficiencia en la aplicación de la justicia electoral) y fortalecer al Tribunal Supremo Electoral (sin lo cual ninguna reforma tiene razón de ser y que pasa por definir el tiempo para realizar proselitismo; mejorar el presupuesto del TSE; disgregar las atribuciones del Inspector General y del Auditor Electoral a fin de mejorar su especialización y eficiencia).

Otros temas como financiamiento de campañas, adquisición de espacios publicitarios y cuotas ameritan también su discusión y podrían ser la siguiente generación de reformas, pero con un TSE y proceso electoral previamente fortalecidos.  Inusitadamente, el día 24 de octubre la Comisión presentó un nuevo dictamen respecto a una nueva iniciativa para reformar la Ley Electoral, la que ya fue aprobada en primera lectura.  

Al momento en que usted amablemente lea este artículo, dicha iniciativa habrá sido aprobada en segunda y tal vez hasta en tercera lecturas. Se trata de una reforma ambiciosa, abultada, variada, no consensuada, ni mínima ni priorizada. Es una lástima que sigan siendo las necesidades políticas y cortoplacistas las que se atiendan con urgencia y no las necesidades del ciudadano en vista de un futuro más prometedor.

https://www.cronica.com.gt/columnistas/el-desafio-de-reformar-la-ley-electoral-_fdc128/

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