La resolución favorable a Guatemala por parte del tribunal de arbitraje que conoció la disputa laboral entre EE. UU. y nuestro país, dentro del marco del Capítulo XVI del DR-CAFTA, pone fin a una vieja denuncia presentada por la AFL-CIO, poderosa central sindical norteamericana, en alianza con seis sindicatos nacionales, en contra del gobierno de Guatemala por supuestas violaciones a las leyes laborales. Después de decenas de miles de horas-hombre dedicadas al proceso y una bien armada campaña en contra de los intereses nacionales, el referido tribunal declaró sin lugar las denuncias relativas a la inacción sistemática por parte del gobierno en hacer cumplir la legislación laboral; la falta de ejecución de las órdenes judiciales en esta materia, y; lo referente al registro de sindicatos y tribunales de conciliación. Sin duda, una importante victoria para todos los funcionarios guatemaltecos involucrados en temas relativos a la administración de tratados de comercio y asuntos laborales que participaron en este proceso desde 2008.
Igualmente, un significativo logro para los representantes del sector privado organizado que defendieron sus intereses durante este proceso. De manera indirecta, cierto alivio para la hacienda pública que, por de pronto, se libró del dolor de cabeza que hubiera representado pagar una multa del orden de los Q100 millones. Sobre todo, una importante victoria para la imagen del país en materia de cumplimiento de la normativa en materia laboral. Probablemente, el componente que había resultado más afectado a lo largo de este proceso gracias a la campaña de desprestigio montada en contra de la credibilidad del sector privado y del gobierno en asuntos laborales. Un importante revés para la legitimidad de la retórica sindicalista contra del sector privado, del modelo exportador y de cualquier tipo de reforma en materia laboral que afecte los intereses de la dirigencia sindical. Asimismo, una importante batalla perdida dentro de la bien aceitada estrategia del sindicalismo nacional para hacer que en el exterior se vea siempre con ojos de desconfianza cualquier acción de política pública en materia laboral que no cuente con su beneplácito.
Un revés que alcanza también a todos aquellos grupos, ONG e intelectuales satélites del movimiento sindical que viven gracias a su defensa a ultranza de los intereses de este movimiento; un hecho que, de cierta manera, debería abrir los ojos a los cooperantes internacionales que a ojos cerrados entregan a manos llenas recursos financieros para defender intereses sindicales que, como este caso, no resultaron ser valederos. Finalmente, es importante reconocer que no es casualidad que de seis millones de guatemaltecos en edad de trabajar, cinco millones laboren en la informalidad. Es decir, en actividades de baja productividad, escala y oportunidades de mercado que no pueden afrontar los costos de cumplir con esta regulación.
