Escrito por: Hugo Maul Rivas
Guatemala, 19 de febrero del 2019
La evidencia habla por sí sola: más de dos décadas de registros dan cuenta que la calidad de la gobernanza en la región es peor ahora que en 1996. Guatemala difícilmente es la excepción. Según los Indicadores de Gobernanza Mundial, la región latinoamericana en 2017 registra valores inferiores al promedio mundial en casi todos los componentes de este índice; en lo que concierne específicamente al control de la corrupción, la región se encuentra en desventaja frente a países con niveles similares de desarrollo. Preocupante situación de cara a los retos que afronta la región en materia de desarrollo, sostenibilidad fiscal, productividad, innovación y estabilidad financiera. Los efectos negativos de la corrupción van desde el mal manejo de empresas estatales tipo PDVSA o Petrobras, hasta las consecuencias de la deficiente operación de puertos y aduanas; desde los macrorriesgos hasta lo microinstitucional, pasando por el debilitamiento de la confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones de gobierno, el funcionamiento del sistema de justicia, la naturaleza de las leyes y el carácter moral de los funcionarios públicos y políticos. De esa cuenta, no basta con jueces valientes, como los del caso Lava Jato en Brasil; instituciones especializadas con respaldo internacional, tipo MACCIH –Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras; reformas clave, tipo el Sistema de Alta Dirección Pública en Chile; mejores mecanismos de acceso a la información pública y rendición de cuentas, tipo la Alianza para el Gobierno Abierto; cruzadas internacionales a favor de la transparencia y la buena gobernanza, tipo las reformas de FIFA, o; vigilancia por parte de la prensa independiente, tipo elPeriódico en Guatemala.
La lucha contra la corrupción requiere de un enfoque integral que combine iniciativas internacionales de reforma, reformas locales hechas a la medida e involucre al sector privado y la sociedad civil en el esfuerzo. Como mínimo, en países como Guatemala debería partirse por la adhesión, implementación y observancia estricta de estándares internacionales que favorezcan la transparencia, gobernanza, cooperación internacional para el combate contra la corrupción, lavado de dinero y evasión y libre acceso a la información. Como ha quedado demostrado muchas veces, los políticos y funcionarios públicos temen más a las sanciones externas derivadas de la falta de cooperación y cumplimiento de este tipo de acuerdos, que al malestar ciudadano y a la justicia doméstica. No hay que perder de vista que, por más efectiva que pueda resultar una acción aislada en contra de este mal, siempre resultará insuficiente frente al carácter sistémico del mismo.
