08/10/2019

Desarrollo social y empleo: ni uno, ni otro

Escrito por: Hugo Maul Rivas

Guatemala, 08 de octubre del 2019

Sin empleo y mayor productividad es impensable pretender reducir la pobreza y la desigualdad, por más gasto social que un gobierno pueda canalizar a estos objetivos. En recientes declaraciones a la prensa mexicana, la titular de la CEPAL sostenía que “el crecimiento es necesario e importante porque finalmente [lo que] va dar más resultados a la hora de reducir pobreza y desigualdad son el empleo y la productividad, eso no hay que olvidarlo”. Declaraciones que no tienen nada de nuevo, salvo que provengan de la titular de una organización regional que en los últimos años ha privilegiado el discurso del desarrollo social sobre su original mandato de promover el desarrollo económico. Escueta pero simbólica declaración que pone de nuevo sobre la mesa de debate la importancia del crecimiento económico como una de las precondiciones para el desarrollo social; sobre todo, al reconocer la importancia de la generación de empleo y aumento de la productividad en este proceso. Reflexión que contrasta grandemente con la imposibilidad que afronta el sistema económico guatemalteco para ampliar las oportunidades de empleo productivo a la mayoría de la población, tal como lo demuestra el reciente fallo de la Corte de Constitucionalidad respecto del trabajo por tiempo parcial.

Este fallo vuelve a demostrar que en Guatemala es legalmente imposible promover cualquier tipo de ajuste normativo laboral tendiente a ampliar las oportunidades de empleo productivo para la mayoría de la población. Mientras las formas de trabajo en el mundo cambian constantemente como resultado de la adaptación al cambio tecnológico, en Guatemala resulta imposible introducir hasta la más mínima modificación en la regulación laboral. Para su mala fortuna, mientras más se trata de mantener el ‘statu quo’, más se perjudica a la gran mayoría de guatemaltecos que no consigue trabajo; mientras más intentan las altas cortes de justicia congraciarse con el sindicalismo público radical, más difícil hacen la vida para la mayoría de guatemaltecos que no goza de los beneficios de esta cúpula sindical. Al final de cuentas, los únicos que “sacan raja” de este tipo de interpretaciones legales son, en primera instancia, los propios operadores de justicia y la cúpula sindical. Ellos se pueden dar el lujo de vivir de este tipo “fallos”; el resto de guatemaltecos necesita ocuparse en alguna actividad productiva. Recurriendo a complicadas contorsiones interpretativas intentan racionalizar la superioridad moral y jurídica de su razonamiento, haciendo caso omiso de las consecuencias que estos tienen sobre la creación de empleo y la productividad; cuestiones que, en última instancia, son las “que más resultados van a dar para reducir la pobreza y la desigualdad”.

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