Escrito por: Hugo Maul Rivas
Guatemala, 15 de octubre del 2019
La lucha contra la pobreza, la promoción de la competitividad y la creación de empleo han sido los tres principales temas económicos que han enarbolado los distintos gobiernos durante lo que va de este siglo. Sobra decir que en ninguna de estas áreas se han alcanzando logros significativos que puedan ser dignos de mención en una revisión de la historia económica reciente del país. A manera de contraste, el impacto de las remesas internacionales sobre el bienestar general de grandes segmentos de la población es muchas veces mayor que lo que han logrado los distintos gobiernos promoviendo las políticas antes mencionadas. Esto sin tomar en cuenta los multimillonarias cifras que se han gastado a lo largo del tiempo para promover intervenciones gubernamentales en estos temas. Lo cual no quiere decir que dichas políticas carezcan de importancia sino que, mientas que estas no se aborden de una manera distinta, se planifiquen adecuadamente y se ejecuten de manera efectiva y eficiente, es imposible que puedan dar los resultados que se espera de ellas.
Si bien existen múltiples necesidades en materia social en el país, es importante reconocer que no basta con aliviar la pobreza mediante programas asistencialistas para que cambie la senda de desarrollo en la que se encuentra el país. Mientras las grandes mayorías no tengan acceso a empleos productivos que puedan reportarles una mejora permanente en sus ingresos, cualquier política de tipo asistencialista está condenada a tener un impacto limitado. De la misma forma, si bien existen amplias oportunidades para mejorar los niveles de competitividad del país, mientras no cambie dramáticamente la composición de la matriz productiva del país, es difícil que puedan resolverse los problemas de desarrollo. El desarrollo económico requiere una mayor participación de sectores económicos capaces generar empleo productivo masivo. De igual forma, la sola promoción del empleo en sectores económicos poco tecnificados, con bajos niveles de inversión, mercados limitados y pocas posibilidades de crecimiento a largo plazo no representa una salida sostenible para los problemas de pobreza del país. Cualquier propuesta de política económica que ignore la necesidad de rediseñar la forma en que se ha encarado el reto del combate a la pobreza, la promoción de la competitividad y el fomento del empleo productivo está condenada al fracaso. Es decir, más de lo mismo; algo que se dice fácil pero que en la práctica puede resultar particularmente complicado por los distintos intereses detrás de cada uno de estos desafíos. Las nuevas autoridades que tomarán posesión en enero de 2020 tienen la oportunidad de hacer las cosas distinto.
