Escrito por: Hugo Maul Rivas
Guatemala, 04 de mayo del 2021
Aunque para el día día de millones de personas este tipo de reflexiones no tengan mayor relevancia, desde la perspectiva de las posibilidades del desarrollo democrático y económico del país, la debilidad del Estado de Derecho en los países de la región, con excepción de Costa Rica, es, probablemente, la principal debilidad y amenaza del futuro cercano. Según el Índice de Estado de Derecho, del World Justice Project, Centroamérica no se caracteriza por limitar efectivamente el ejercicio del poder público, un elemento esencial para el sistema de pesos y contrapesos y división de poderes en los que descansa el sistema republicano de estos países. Nicaragua, por ejemplo, ocupó el puesto 127 a nivel mundial en esta materia en 2020, solamente superada por Venezuela y seguida muy de cerca por Honduras, que ocupó el puesto 119 de 128 posibles. Aunque Guatemala y El Salvador muestran una mejor situación, ocupan los lugares 69 y 77 respectivamente en el ranking mundial; si bien estos resultados sitúan a ambos países en la “medianía de la tabla”, los últimos acontecimientos acaecidos en relación a la integración de las más altas cortes de justicia de cada uno estos países provocará importantes retrocesos en la medición.
Los resultados anteriores son preocupantes, sobre todo cuando se considera que son producto de las graves falencias en lo que se refiere al control que el Poder Legislativo y Judicial deben ejercer sobre el Poder Ejecutivo; a la independencia y efectividad de los órganos de control jurídico administrativo y de control político; a la protección de la libertad de expresión de quienes critican a quienes ejercen el poder; a la posibilidad de sancionar legalmente a quienes incurran en actos de corrupción y abuso de autoridad; y en a la transición pacífica y libre del poder mediante procesos electorales libres y justos. Si bien es cierto que nada de lo que ahora está pasando es nuevo en la región, más de alguna vez ya estos países pasaron por este tipo de situaciones, la diferencia es que esta vez todos comparten, en mayor o menor medida, el mismo tipo de amenaza. En nombre de combatir la corrupción, luchar contra el comunismo o el fascismo, según sea el caso, garantizar la seguridad, transformar a los países o defender la soberanía de los países, cada vez se ha vuelto más común que quienes detentan el poder intenten acumular el mayor poder posible para llevar a cabo la misión que se han propuesto. En este tipo de asuntos el fin no justifica los medios, mucho menos cuando en nombre de dichos fines se vulneran las garantías más básicas que limitan el uso arbitrario del poder por parte de quienes lo detentan momentáneamente.
