25/01/2022

Crisis educativa: el dinero sale sobrando

Escrito por Hugo Maul

Guatemala, 25 de enero del 2022

Hace unas dos o tres décadas atrás, probablemente todavía se pensaba que mejorando y ampliando los términos del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo entre el Mineduc y los sindicatos del magisterio nacional, eventualmente, mejoraría la calidad de la educación pública en Guatemala. El tiempo ha demostrado que ese ingenuo anhelo nunca pasó de eso: puros buenos deseos. Las negociaciones sucesivas de este pacto han servido para cualquier propósito, menos para mejorar la calidad de la educación que reciben los niños en las escuelas públicas. Esperar que la cúpula sindical del magisterio público deje de instrumentalizar a los niños en la búsqueda de sus particulares intereses, es como pedirle peras al olmo. Bajo el pretexto de defender el “derecho” a la educación de la población guatemalteca se han servido de este instrumento jurídico para construir y afianzar un poder político que hace temblar a cualquier político. Esperar que los partidos políticos de turno resistan a las amenazas del sindicalismo magisterial resulta poco probable; aunque, aparentemente, los partidos políticos de turno y funcionarios públicos representen posturas distintas en estas negociaciones, al final de cuentas sus intereses coinciden con los del sindicalismo magisterial: mantener y aumentar el poder político que tienen entre sus manos y, de paso, maximizar las rentas producto de la negociación.

Dadas las lecciones aprendidas a lo largo y ancho del globo a consecuencia de la pandemia, del creciente y preponderante papel que juegan las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las personas y de los atributos que deben tener los maestros para guiar a los niños en su aprendizaje, pretender resolver los problemas de la educación pública nacional mediante el simple hecho de mejorar los ingresos laborales de los maestros resulta ingenuo. Para principiar, dados los incentivos que se explicaron en el párrafo inicial, esperar que esta vez dicha negociación produzca resultados distintos es, en el mejor de los casos, ingenuidad extrema y, en el peor de los casos, malicia en grado criminal. Seguir invirtiendo recursos en un sistema “caduco”, como benévolamente le llamara un columnista de este diario, es puro autoengaño. Lo mismo que creer que basta con “sintonizar finamente” el sistema actual para que todo cambie. La disfuncionalidad del sistema actual es tan grande, la brecha tecnológica tan vasta y profunda y la voracidad política de quienes hoy controlan la educación pública, que tal vez sea momento para experimentar un modelo totalmente distinto, en donde el niño sea el centro del modelo y la tecnología el componente principal. Peor que el sistema actual es imposible; pretender reformarlo es soñar despierto.

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