Escrito por Hugo Maul Rivas
Guatemala, 25 de agosto del 2020
“Nadie admira la celeridad, como no sea el negligente”. Famosa frase, atribuida a Shakespeare que resume en pocas palabras el fondo detrás de las reformas a Ley de Contrataciones del Estado que está a punto de ser aprobada. La prontitud, rapidez o velocidad en las compras públicas, en principio, debería ser el resultado de un sistema que, además, cumple con otras características deseables de las compras. Pretender aumentar por ley la rapidez de las compras públicas terminará, necesariamente, provocando problemas más difíciles de resolver que los que se quieren resolver. Dicha reforma, haciendo una analogía con las carreras de autos, equivaldría a proponer la reducción en el poder de los dispositivos de frenado de los autos bajo el argumento que éstos hacen que los vehículos reduzcan su velocidad en las curvas. Argumento que rayaría en la negligencia temeraria, y que, de ser puesto en práctica, pondría en riesgo la viabilidad de las competencias de automovilismo. Haciendo las salvedades del caso, reducir los problemas de las compras públicas a la velocidad con que se hacen las mismas resulta igual de negligente y temerario que el caso de los frenos.
Entre otros muchos problemas, la reforma en cuestión hace caso omiso a los comportamientos particulares que persisten dentro del sistema de compras públicas al margen de las disposiciones normativas. Usos y costumbres que, de manera directa o indirecta, terminan por contravenir lo que estipula la “letra muerta” de la ley. Los cambios constantes de los planes de compra limitan la posibilidad gestionar adecuadamente las compras de las instituciones; acelerando los procesos de compra no se garantiza que se compre lo que realmente se necesita. ¿Y qué decir de los efectos que tiene el oportunismo y arbitrariedad de los responsables de las adquisiciones sobre la efectividad, transparencia y honestidad en las compras? No se diga nada acerca de los graves problemas y atrasos sistémicos existentes en cuanto el cumplimiento de plazos para la adjudicación, pago oportuno de facturas, supervisión y recepción de obras. Las deficiencias del marco normativo e institucional, que la reforma en cuestión pasa por alto, sumadas a la falta de claridad, lagunas y espacios de discrecionalidad que genera la regulación actual, provoca que subsistan muchas prácticas contrarias a la gestión estratégica de las compras públicas. Cuestión, esta última, que se agudiza por una regulación que se enfoca establecer las modalidades de compra que se basan primordialmente en los montos y no en otros elementos estratégicos de las misma. Es así que, como bien dice la frase del inicio, solo quienes no ponen suficiente cuidado en lo que hacen pueden admirar la celeridad como la solución a los problemas de las compras públicas.
