Con la mirada en el epicentro – CIEN – Centro de Investigaciones Económicas Nacionales
15/02/2020

Con la mirada en el epicentro

Escrito por: María Isabel Bonilla

Guatemala, 15 de febrero del 2020

Un tanto por sorpresa nos tomaron las propuestas y posturas de varios diputados en relación con legislar en contra de que los parlamentarios reciban alimentos por parte del Congreso, así como un seguro médico, caja chica y dispositivos tecnológicos como un teléfono celular o tablets. Las propuestas han levantado críticas a favor de aquellas, así como en contra. La discusión sobre lo anterior se ha dado con mayor fuerza en los medios de comunicación y en las redes sociales, y poco dentro del propio Congreso de la República, por lo que mucho ayudaría que quienes proponen la eliminación de los beneficios que reciben los diputados expongan sus razones apoyándose también con datos, estadísticas, análisis. Ojalá el manejo y disposición de recursos del presupuesto del Congreso sea un tema que se aborde integralmente, puesto que también debe discutirse técnicamente el monto de salarios que se perciben, otros beneficios acordados en pactos colectivos de condiciones de trabajo, entre otros. Y de paso, revisar nuevamente el tema del servicio civil y su vinculación con la meritocracia y eficiencia para que la contratación de personal en este órgano se haga buscando la excelencia, la eficiencia, el servicio y la dignificación.

Pero que no se olvide que existe otro tema, aún más delicado y de urgente discusión, que va más allá de los beneficios a diputados y personal administrativo del Congreso financiados con nuestros impuestos. Se debe entrar a una verdadera, exhaustiva, técnica discusión en torno al funcionamiento del Congreso en su labor legislativa, con énfasis en la calidad y eficiencia. Y ello implica, entre otros temas, abordar el funcionamiento de las comisiones de trabajo. Las mismas son el motor de la actividad legislativa, pues es a partir del trabajo que realizan y que se expresa en los dictámenes que emiten, la calidad, la necesidad, el costo/beneficio de la norma que se pretenda aprobar. De acuerdo con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, las comisiones de trabajo son “órganos técnicos de estudio y conocimiento de los diversos asuntos que les someta a consideración el Pleno del Congreso de la República o que promuevan por su propia iniciativa”. Constituyen el “epicentro” de toda actividad legislativa.

De conformidad con el reporte que analiza la actividad de la VIII Legislatura, elaborado por la Alianza para un Congreso Eficiente, las comisiones de trabajo enfrentan serios desafíos. Del total de iniciativas que se convirtieron en decretos en el período de enero 2017 a diciembre del 2019, únicamente tres decretos cumplen en un 100% con todos los requisitos que establece la ley para el proceso legislativo, desde la presentación de una iniciativa de ley hasta su aprobación y envío al Organismo Ejecutivo para su sanción o veto. En la tramitación y aprobación de las normas el requisito que más se incumple es el de presentar estudios técnicos o financieros que sustenten las iniciativas, así como respetar el plazo previsto para emitir un dictamen (45 días o solicitud de prórroga). Aun así, las comisiones de trabajo dictaminan favorablemente y el pleno del Congreso continúa con el trámite de aprobación en sus distintas lecturas, y lo hacen sin contar con elementos fácticos indispensables para justificar la existencia de la norma y su observancia obligatoria. Por otra parte, el análisis constitucional que sustentan los dictámenes favorables de las comisiones de trabajo generalmente se limita a indicar los artículos referentes a la función del Congreso y no con relación al tema que aborda una iniciativa. También perjudica la calidad de la norma la falta de un análisis económico de la propuesta, o de un análisis presupuestario, cuando así corresponde.

Esperemos que los diputados reconozcan y discutan sobre estos desafíos que afectan la calidad de su trabajo y ponen en riesgo el estado de Derecho para perpetuar un lamentable estado de simple legalidad.

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